Álvaro Uribe y Piedad Córdoba tienen demasiado en común. Además de su terruño, su origen político y su mutuo desprecio, comparten el tránsito del cálido centro del espectro político a la aspereza del extremismo ideológico. El ex presidente, antes de capitanear la más reaccionaria de las derechas, lideró la corriente socialdemócrata de su partido en el departamento de Antioquia, denominada “Sector Democrático”. La ex senadora, por su parte, se deslizó desde lo más duro del establecimiento liberal antioqueño, en el cual despuntó de la mano de William Jaramillo Gómez, hacia el ala más radical de las varias izquierdas que conviven en el interior del Partido Liberal.
Pero eso no es todo. En los últimos días ambos han señalado que los procesos judiciales y disciplinarios en los cuales ellos y sus cortesanos se han visto envueltos, son en realidad un complot orquestado por criminales infiltrados en los distintos poderes públicos. Para el ex presidente "muchos de mis compañeros no tienen garantías y la persecución sobre ellos también amenaza sus vidas", para la ex senadora hay “una visceral persecución política” en su contra.
En un país como el nuestro, cuyas instituciones desde hace más de dos décadas fueron capturadas por mafiosos y gatilleros de todos los pelambres, no suena extraño que, aparentemente, quienes han defendido las instituciones desde los más elevados principios republicanos y democráticos, como dicen haberlo hecho el ex presidente y la ex senadora, sean víctimas de una cacería de brujas como la desplegada por el Procurador y la sala penal de Corte Suprema de Justicia.
Y digo aparentemente porque a los ojos de un simple espectador, y no de los protagonistas de la historia, los hechos parecen confirmar que, tanto el ex presidente como la ex senadora, actuaron en contra de la institucionalidad que dicen haber defendido.
Uribe y su círculo de confianza emprendieron una cruzada “contundente contra el crimen” en la cual espiaron de forma ilegal a quienes representan la base misma del sistema republicano, es decir, las altas cortes y los congresistas de la oposición. Córdoba, por su parte, en defensa de la democracia y los Derechos Humanos, traspasó los límites aceptables de la oposición en los regímenes democráticos, al actuar de manera ambigua frente a las FARC y situarse en lo que Linz llamara “oposición semileal” que, palabras más palabras menos, disculpa, tolera o no denuncia a grupos antisistema cuyas acciones afectan la estabilidad del régimen por compartir los fines de quienes practican la violencia.
Este proceder no es exclusivo de nuestros políticos. Ambroce Bierce definió, en su Diccionario del Diablo, que la política es el “conflicto de intereses disfrazado de lucha de principios”. Sin embargo, las actuaciones del ex presidente y la ex senadora me dan pie para agregar que, en este conflicto de intereses, el cinismo y el delirio de sus protagonistas terminan por marcar, para éstos, los límites aceptables de la disputa, estirando o recortando a su acomodo las reglas de juego preestablecidas. El cinismo de sus rituales simulados y declaraciones de principios vacías, cuya entidad se diluye al momento mismo de su enunciación, siempre que dicen lo que no piensan y hacen lo que dijeron repudiar. Pero también el delirio que los lleva, con la misma rapidez, a convertir esa falsa representación en una verdad incontrovertible.
Bien dicen por ahí que los extremos se juntan. En este caso, las vidas del ex presidente y la ex senadora nuevamente se cruzan para, desde orillas distintas, censurar una democracia que siempre les será disfuncional, ya que adhieren a ella, únicamente, cuando les conviene. Por suerte para el país, y no tanto para ellos, el vaivén de sus intereses no modeló el devenir de la justicia y los organismos de control, hecho realmente esperanzador ya que pone de presente que el ethos democrático parece, finalmente, haberse sembrado en nuestra débil institucionalidad.
