¿DE LO MALO LO MEJOR?

En palabras de Mario Vargas Llosa, el próximo domingo los peruanos escogerán entre “el sida y el cáncer terminal, que es lo que serían Humala y Keiko Fujimori”.

Sin duda es una metáfora poco afortunada para un Nobel de literatura, pero evidencia la encrucijada de una sociedad que en las últimas tres décadas, cada cinco años, se enfrenta a la escogencia de un mal menor. De ahí que en las últimas semanas el establishment limeño, en su gran mayoría, concluyera que son tantos y tan evidentes los peligros de una presidencia de Ollanta Humala, que así sea con tapabocas, este domingo el voto sera por Keiko. A pesar de todo, repite la gran prensa, representa de lo malo lo mejor.

Por extraño que parezca la única alternativa para el Perú, de acuerdo con sus propias élites, es la elección de la hija del ex presidente Alberto Fujimori, quien luego dar un golpe de Estado e imponer un régimen cleptocrático y violador de los Derechos Humanos durante los años del ajuste estructural, huyera a pocos meses de iniciado un tercer mandato que obtuvo, como era de esperarse, por medio del fraude electoral. Y aunque el Perú parece hoy, más que nunca, enfrentarse a una situación límite para la pervivencia de su democracia, ésta es el resultado de déficits institucionales no resueltos desde los primeros años de la transición, vinculados a dos procesos concomitantes que hoy parecieran haber tocado fondo.

En primer lugar, la persistencia de una sociedad tremendamente desigual que, a pesar de contar con ciclos económicos expansivos, es manejada por una casta que parece no estar dispuesta compartir el banquete del crecimiento de los últimos años con sectores más amplios del país. En segundo lugar, la bajeza de una dirigencia que, por miopía y mezquindad, ha instrumentado sistemáticamente el miedo con fines electorales, logrando con ello reducir la posibilidad de un debate amplio sobre aspectos centrales de su propia sociedad y llevando a la completa destrucción de su moribundo sistema de partidos.  

Lo primero explica porqué, con un crecimiento del 9% en el último año, los candidatos que representaban la continuidad de un modelo económico exitoso (Toledo, Castañeda y PPK) se vieron superados por un líder populista -con las implicaciones que esto supone dentro de la jerga de la ortodoxia económica- y por la más viva representante de una forma corrupta y patrimonialista de concebir la política y el manejo del Estado. Ese tercio de peruanos que carecen por completo de saneamiento básico, por ejemplo, expresaron su inconformismo y pusieron en jaque la continuidad de un sistema que hoy parece tornarse insostenible.   

Lo segundo ha derivado en la escogencia de candidatos que, sin plataformas ni partidos, adoptan modelos decisionales que dejan de lado la representación y se sitúan en los márgenes autoritarios propios de la democracia delegativa. Esta, según ODonnell, privilegia la discrecionalidad a la institucionalización y, por tanto, quienes detentan el poder tienen “derecho a gobernar como el (o ella) considere apropiado, restringido solo por la dura realidad de las relaciones de poder existentes y por un periodo de funciones limitado constitucionalmente”.

De esta manera, los estragos económicos de los desastrosos gobiernos de Fernando Belaunde Terry y Alan García en la década del ochenta, quienes fueran además los últimos representantes del tradicional sistema de partidos, llevaron a la propagación de la Miedocracia (en la cual se acude a los instintos de supervivencia más primarios para movilizar intereses electorales), satanizando cualquier opción que supusiera una vuelta al pasado inmediato, bajo la expectativa de no perder las prebendas y los beneficios heredados, aun cuando esto diera como resultado la elección de Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y la vuelta al mismo por parte de Alan García.

Lo anterior pudiera explicar la encrucijada en la que se encuentra el Perú y que tendrá que sortear el domingo próximo. Esta no es entre el cáncer terminal y el sida, sino entre la posibilidad de plantear pequeñas reformas a un modelo económico que, a pesar de sus bondades para la acumulación del capital, parece no resolver los problemas más apremiantes de los sectores marginados y periféricos de dicha sociedad, como las planteadas por Ollanta Humala, o bien, la de resguardar los intereses de los sectores medios y hegemónicos que, asegurando su propia estabilidad, parecen no medirse a la hora de apoyar una candidatura como la de Keiko que, no solamente auspiciará la impunidad a los desafueros que tuvieron lugar durante el gobierno de su padre, sino que pudiera llevar a la ruta del autoritarismo y, por que no, a la quiebra de la propia democracia.          

DE MARCHAS Y PROTESTAS (II)

En España, las marchas del 15 de mayo en contra del bipartidismo del PP y el PSOE, movilizaron a miles de personas en las principales ciudades y evidenciaron el inconformismo de un país que no supera los estragos de la crisis financiera e inmobiliaria de 2008. No obstante, esa motivación inicial se desbordó a los pocos días y llevó a cuestionar no solo la partidocracia existente, sino la prevalencia de una democracia poco plural, fundada en la reivindicación de una libertad individual que no va más allá de la libertad de empresa. Para los marchantes, dicho modelo pareciera otorgar derechos y libertades a quienes motivaron la crisis, en desmedro del conjunto de la sociedad y, en especial, de sus capaz medias.                   

Así, colectivos como “¡Democracia real ya!” o “Juventud sin futuro”, de ser unos perfectos desconocidos en el escenario político español pasaron a convertirse, en muy pocos días, en actores de primer orden en las elecciones locales previstas para el próximo 22 de mayo. Estudiantes, jóvenes, jubilados e inmigrantes, convocados a través de las redes sociales, recrearon una escena que se ha vuelto familiar a lado y lado del mediterráneo. De Marsella a Atenas, de Túnez al El Cairo, las calles se convirtieron en la arena privilegiada para proyectar alternativas a unos modos devaluados de entender los procesos democráticos, siempre que estos encubren prácticas autoritarias con diseños institucionales sofisticados que no superan su enunciación formal y legitiman ordenes sociales que creen suficiente equiparar la democracia con el mercado. 

En sus manifiestos se traduce la impotencia de quienes no encuentran en la sociedad civil organizada tradicional, como el movimiento estudiantil o los sindicatos, respuestas a unas realidades que no encajan en los discursos de las capillas progresistas. Por ello se plantea un consenso inicial que se orienta a la instrumentación de prácticas y mentalidades democráticas que pongan freno a “la indefensión del ciudadano de a pie [frente a] la corrupción de los políticos, empresarios, banqueros…”, según lo señala “¡Democracia real ya!”, así como revertir las medidas implantadas por un modelo económico que está dando lugar a que “la juventud más preparada de nuestra historia vivirá peor que sus padres”, como bien lo ha repetido “Juventud sin futuro”. 

Las imágenes son significativas. Los miles de jóvenes, y no tan jóvenes, que sufren el desempleo (40% de desocupación en su segmento poblacional) salieron a las calles y sacudieron las certezas de una sociedad que parecía haber encontrando la fórmula del éxito. Por ello se podría pensar, inicialmente, que su impacto sobre las preferencias electorales y el rechazo a los candidatos PPSOE el fin de semana próximo será demoledor, aunque de acuerdo con los análisis de prensa, los perjudicados se ubicarían únicamente a la izquierda. 

Sin embargo, poco importa cuál sea su incidencia en las elecciones del próximo 22 de mayo porque el trabajo pareciera estar hecho. La reacomodación de las cargas en el interior de esa sociedad por el distanciamiento de los ciudadanos con el centro poder, parece no tener reversa. De ahí que quizá se hayan sentado los cimientos de un movimiento social que abandona la retorica antisistémica y encuentra que la democracia es la única respuesta posible a las tensiones de nuestro tiempo. 

Movimiento que pareciera entender que las luchas son en contra de la dictadura de la sin razón autoritaria disfrazada de Estado de derecho, emulando las reivindicaciones del Magreb, así con naturalización de un modelo democrático de mercado que, paradójicamente, representa la mayor dictadura de nuestros tiempo.         

DE MARCHAS Y REFORMAS (I)

La exacerbación del miedo y las denuncias sobre infiltraciones terroristas hechas por el DAS no tuvieron lugar en las marchas en contra del proyecto de reforma a la ley 30 de 1992. Como bien lo señaló el Ministro del Interior, se desarrollaron con tranquilidad y revelaron la emergencia de nuevas formas de movilización social que, aunque incipientes, rompen con la exaltación atávica de la violencia, privilegian el uso de armas simbólicas y promueven identidades al margen del dogmatismo que ha caracterizado al tradicional movimiento estudiantil.

Si bien los noticieros se esmeraron en registrar como aspecto central de la jornada hechos marginales de violencia, quienes se hicieron presentes en la carrera séptima y la Plaza de Bolívar pudieron constatar que los manifestantes, en su mayoría, antepusieron  las bombas de agua a las papas bomba y las narices de payaso a las capuchas. De esta manera, el 7 de abril se hizo presente un movimiento estudiantil plural que, desde su carácter policlasista y multisectorial, desafió con lenguajes renovados, cargados de histrionismo e inteligencia, la violencia antisistémica característica de la izquierda revolucionaria y sus herederos.

Esto no es un hecho casual. La combinación de consignas, pancartas y performances, que no solo aludieron a la reforma, sino que reclamaron el reconocimiento de identidades más allá de las reivindicaciones de clase, pareciera ser el germen de una nueva forma de movilización estudiantil, más democrática que autoritaria, no solo por recrear escenarios de confrontación que distan de la rigidez y el fanatismo militante, sino porque evitan exacerbar el dramatismo que provoca la violencia y que eclipsa unas demandas legítimas que, generalmente, quedan sepultadas bajo los vidrios rotos y los titulares de prensa que un día después confirman, como lo hizo El Espectador, que “Las marchas no fueron del todo pacificas”.

Este viraje, hay que decirlo, podría quedar en lo puramente episódico. Sin embargo, sería lamentable dada la necesidad de replantear el lugar y los alcances de un movimiento estudiantil anquilosado, que pareciera no darse cuenta de su inocuidad, de su incapacidad para poner en cuestión la hegemonía que hace legítimo el estado de cosas imperante, siempre que no genera identidad con las comunidades que dice representar, no persuade sobre la necesidad de organizarse ni de la justeza de sus demandas y, fundamentalmente, porque carece de autocritica y no revalúa unos discursos y unas prácticas que no dan respuesta a las necesidades y los intereses del estudiantado y, por tanto, no logra romper con su apatía y atomización.

Walter Benjamín señaló en sus primeros ensayos que la “juventud no sólo se encuentra llena de futuro, sino que siente dentro de sí la alegría y el coraje de los nuevos portadores de la cultura... Este sentimiento juvenil ha de convertirse en una forma de pensar compartida por todos, en una brújula de la vida”.

Hoy, más que nunca, sus palabras cobran vigencia. Nuestros jóvenes deben recobrar el ímpetu que les es propio y convertirse en protagonistas de primer orden en las transformaciones de nuestro tiempo. Para ello han de convertirse en adversarios legítimos en el marco de la lucha democrática, algo que se logra, inicialmente, con la edificación de proyectos que, con espíritu crítico y creatividad, reconsideren las formas de lucha imperantes que, además de agotadas, favorecen la perpetuación de los poderes instituidos desde la sedimentación de prejuicios condenan de antemano la movilización estudiantil.

¿POLÍTICA VERSIÓN 2.0?

La elección de Barack Obama y el derrumbe de los regímenes despóticos en el Magreb, han sugerido que la acción política, la construcción de hegemonías y la emergencia de nuevas relaciones de poder, en adelante se disputarán en arenas movedizas, donde la internet y su instrumentación política a través de las redes sociales, desplazarán la esfera pública del mundo analógico al digital, al limitar el papel protagónico de las pantallas de televisión y dar paso al predominio del computador portátil y el Smartphone.

Las marchas de “Un millón de voces contra las Farc” y la Ola Verde, mostraron que Colombia no ha sido ajena a esta transformación. Las primeras probaron el potencial de los nuevos dispositivos de mediación, al permitir a ciudadanos del común hacer eco de situaciones reconocidas como indeseables y congregar, alrededor de estas, millones de personas a nivel planetario. La Ola Verde, por su parte, sumergió la política electoral colombiana en las lógicas de la sociedad de la información, al revelar la importancia y las posibilidades del uso de las redes en el intercambio de información y manipulación de símbolos a través de la Web.

En sintonía con lo anterior, este mes se convocaron, a través de Facebook y Twitter, dos protestas exhortando a los bogotanos a movilizarse en rechazo a los acercamientos entre el ex presidente Uribe y Enrique Peñalosa y en contra de las Farc por el manejo mediático dado a las liberaciones de febrero pasado. Pese a las expectativas generadas en las redes sociales, los llamados a la acción fracasaron. De 825.000 personas que votaron en Bogotá por Antanas Mockus, al “plantón verde” se presentaron 60 de ellos. La protesta en contra de las Farc, que en 2008 superó las 500.000 personas, esta vez no pasó de 40. ¿Qué paso?

La perorata sobre los alcances políticos de la revolución 2.0 ha hecho pensar, equivocadamente, que la internet es capaz, por sí misma, de provocar la acción colectiva y la movilización social. El intercambio en las redes sociales auspicia la emergencia de movimientos ciudadanos y pone a temblar a los poderes instituidos, solo si la información puesta en circulación canaliza la inconformidad generalizada desde hechos concretos o hitos significativos (como en el caso de Mohamed Bouazizi, quien se inmoló para protestar contra el régimen de Ben Ali en Túnez) que generan identidades y articulan demandas de sectores sociales diversos, las cuales subyacen a lo meramente episódico, algo que los organizadores de las nuevas marchas parecieron no entender.

Y no lo hicieron porque buscaron replicar, de forma ridículamente artificial, fenómenos que solo tienen lugar en un espacio y un tiempo determinado. La Ola Verde y las marchas del 4F, nadie lo duda, se apoyaron en los medios masivos de comunicación y en la web, pero tuvieron tras de sí altísimos niveles polarización política que se vieron exacerbados por la brutalidad de las Farc y por la corrupción de un uribismo en sus estertores. El Facebook jugó un rol definitivo para detonar estos fenómenos, pero no tuvieron lugar por la existencia de la red.

Ante el raquitismo de estas convocatorias, hay que recordar que las tecnologías de la información, desde Gutenberg hasta nuestros días, han transformado los marcos de la contienda política y la velocidad con la cual se propaga la información, pero nunca han sido el motor de las alternativas de cambio, ni mucho menos, de los proyectos colectivos que las soportan.

LAS IDEAS, A PESAR DE TODO

La separación de los ministerios fusionados en la ley 790 y las facultades especiales concedidas al ejecutivo para reestructurar algunas entidades públicas del orden nacional, produjo la primera tensión en la coalición de Unidad Nacional. Las dificultades en el trámite de esta iniciativa, cuyá votación definitiva se aplazó cuatro veces en la plenaria del Senado, puso sobre la mesa dos elementos centrales para comprender el presente político e institucional colombiano. En primer lugar, evidenció la gula burocrática del partido Conservador, su venalidad a la hora de impulsar las iniciativas fundamentales del gobierno de Álvaro Uribe y la corrupción agenciada por sus miembros en el nivel central del gobierno. En segundo lugar, puso de presente las diferencias existentes entre el presidente Santos y su antecesor la manera como entienden la democracia y la administración.

Lo primero no es nuevo. La corrupción es parte del sistema político colombiano y el uribato, pese a la retorica oficial, la potenció con un rediseño institucional que incentivó la deshonestidad. Muestra de ello fue el trámite del referendo reeleccionista o la sustitución de la colaboración cívica por las delaciones a cambio de recompensas. Lo segundo, en cambio, merece especial atención. Además de las cuotas burocráticas, la oposición a la reforma se libró desde la concepción misma del Estado. El presidente Santos, pragmático por excelencia, reveló en este proceso que, para él, las ideas importan.

Para asegurar su éxito inicial, Santos podría haber pasado de agache y dejar intacta la estructura heredada del periodo anterior, evitando así el distanciamiento con quien le precedió en la presidencia y el desgaste de una reforma administrativa que ocuparía la mitad de su periodo, máxime cuando esta no involucraba cambios de fondo en los postulados básicos del Estado, sino ajustes en los instrumentos necesarios para su buen funcionamiento.

Sin embargo, el Estado Comunitario, pilar fundamental del manifiesto uribista y materializado en la fusión de los ministerios, la promoción de la transparencia en la gestión y la austeridad en el gasto público, si bien disminuyó las plantas de personal de dichas entidades y generó un ahorro marginal en sus gastos de funcionamiento, también instauró un estilo de gobierno y administración caracterizado por la arbitrariedad, la centralización y la discrecionalidad, que rompió con el modelo republicano de pesos y contrapesos, y concentró las decisiones políticas en el nivel ejecutivo central, antes que delegarlas, como era lo proyectado, en la sociedad civil organizada.

En este escenario, parecería más ventajoso mantener el status quo que promover la contrarreforma. Sin embargo, el nuevo presidente optó por esta última para consolidar su ideal de gobierno, que desde los principios del Buen Gobierno o la Buena Gobernanza, requeriría de la adopción de reglas formales y procedimientos aceptados y normalizados que estructuraran las relaciones entre el Estado y la sociedad, partiendo de los principios de la participación, la legalidad, la transparencia, la responsabilidad, el consenso, la equidad, la eficacia y eficiencia, ausentes en las practicas gubernamentales y administrativas diseñadas e implementadas en la pasada administración.

Por sus volteretas, los críticos más ácidos de Juan Manuel Santos dudaron de su lealtad con el ex presidente Uribe. Y tenían razón. Éste no guardó fidelidad con los presupuestos ideológicos y administrativos del gobierno anterior porque su ethos y su proyecto político, materializados en la presente reforma y las demás contenidas en su ambiciosa agenda legislativa, se antepusieron, para sorpresa de muchos, a su pragmatismo habitual. Aunque no es tan extraño si nos atenemos a lo señalado por el actual presidente en 2003, cuando aseguró que “el desprecio por la teoría y por lo conceptual (…) es lo que nos hace proclives al mesianismo, a esa búsqueda del Salvador de turno”, papel en cual su mentor político se desempeñaba a la perfección y en el que también se sentía tan a gusto.

EN OBRA NEGRA

En los últimos tres meses el fenómeno de la “Niña”, además de causar las mayores inundaciones en la historia reciente de nuestro país, ha hecho correr ríos de tinta. El Tiempo, por ejemplo, publicó entre editoriales y columnas de opinión más de cuarenta y cinco artículos referidos a la ola invernal. Escritores, periodistas, académicos, políticos y burócratas han aprovechado la oportunidad para opinar sobre las causas, las consecuencias y las lecciones necesarias para superar la tragedia. Y no es para menos. Ante una calamidad de semejantes dimensiones, con más de dos millones de damnificados, es natural que todos tengan algo que decir.

¿Todos? en realidad no. Casi todos, porque los partidos políticos, como institución, pasaron de agache. Los tradicionales se movieron en lo de siempre: pidiendo beneficios sectoriales concretos, pasando cuentas de cobro y como gran solución, proponiendo un pacto político de Unidad Nacional para las próximas elecciones. Las “nuevas fuerzas”, por su parte, se ocuparon de capotear la desunión, limitándose a emitir comunicados lánguidos, con pro formas que sirven para cualquier otra calamidad. Y ¿acaso había que esperar grandes propuestas de los partidos políticos colombianos? Puede que no. Pero al menos, no solamente por cuestiones de cálculo político, sino atendiendo a la carga semántica que deriva de su propio nombre, quedamos a la espera de escuchar al Partido Verde.

Esto porque las explicaciones a la ola invernal y sus consecuencias desastrosas, aunque variadas, también se ubican en el plano de la crisis ambiental planetaria y la manera como la mano del hombre ha contribuido a la misma. Estas son las temáticas y los problemas socialmente relevantes construidos por los Verdes alrededor del mundo y expresados en líneas de acción tendientes a la responsabilidad ambiental y el desarrollo sostenible. Sin embargo, ¿alguien ha escuchado a Mockus, Peñaloza o Garzón hablando de esto?, muy probablemente no.

Lo anterior hace pensar que los yerros de Mockus en su carrera a la presidencia, su ambivalencia constante, la debilidad de sus posturas y el mutismo de sus coequiperos, no eran muestra de honestidad, como bien se cacareó, sino la expresión más acabada de cómo, acudiendo a frases efectistas y tomando prestados ropajes ideológicos para la ocasión, es posible convocar a un porvenir esplendoroso, en el que las luces del futuro iluminan el presente, aun cuando la vacuidad del proyecto no permita recrear alternativas reales de cambio.

Y aunque se diga que es un partido joven, en proceso de consolidación, hasta el momento las expectativas que se crearon a su alrededor están lejos de haberse cumplido. En parte, porque la actividad de sus miembros se ha limitado a la matemática electoral, reproduciendo las prácticas de sus supuestos antagonistas, pero también porque no han tomado posiciones claras frente a los problemas fundamentales del país. Esto, a decir verdad, no debería extrañar a nadie ya que al consultar su página web en el link que conduce a su plataforma política se dice con toda claridad que está en construcción.

EL REINO DE LO ADJETIVO

En la vida pública de nuestro tiempo el uso del lenguaje políticamente correcto se ha impuesto como norma de conducta. El reconocimiento de la incidencia de las palabras en la formación de conceptos y la manera como estos modelan las relaciones de poder, ha hecho que se institucionalicen formas lingüísticas antidiscriminatorias que eviten la propagación y el despliegue de discursos apoyados en prejuicios hacia determinados segmentos sociales.

Este avance, aunque importante, en ocasiones oculta contradicciones de fondo en las mentalidades y las prácticas sociales que no se modifican, únicamente, con la aplicación de estas nuevas formas de cortesía. Dos notas de El Espectador de los últimos dos meses, referidas a la situación actual de la mujer en Colombia, son muestra de la importancia que los lectores de esta publicación le conceden a determinados temas, a partir de privilegiar lo puramente adjetivo, en desmedro de lo realmente importante.

La primera, del 25 de noviembre, hace referencia al informe de la oficina nacional del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), sobre la violencia ejercida contra las mujeres en nuestro país. El titular señala que “En Colombia cada minuto seis mujeres son víctimas de algún tipo de violencia”, el subtitulo informa que “Según un estudio, la violencia contra las mujeres es la más extendida forma de violación de derechos humanos en el país" y el cuerpo de la noticia se centra en las cifras más relevantes del informe, indicando que, por ejemplo, entre 2002 y 2009 se produjeron “más de 600.000 hechos de violencia contra las mujeres”, de los cuales se precisa que “101.000 son de violencia de pareja; 100.000 más de lesiones personales; 40.000 de violencia sexual y 4.000 de mujeres que fueron asesinadas”. En cuanto al maltrato de pareja, específicamente, “el reporte añade que de 60.000 casos en el 2009, casi la totalidad, 53.800, fueron contra las mujeres”. La nota tuvo treinta comentarios de los lectores.

La segunda, del 3 de enero, fue un video que, a falta de noticias, la edición en línea de El Espectador tomo del portal Metropolis TV, en el cual se reporta la existencia del Movimiento Machista Casanareño. Este relleno, que muestra a Edilberto “Beto” Barreto, su fundador, explicando la necesidad de constituir un movimiento que surja como oposición al feminismo, partiendo de la reafirmación de la autoridad masculina y la preservación de un orden natural fundado en la obediencia y sometimiento de las mujeres, ha sido la nota más visitada de los primeros días del año, con más de mil comentarios.

Pareciera, por el número de comentarios y el debate surgido alrededor de las noticias, que para los lectores la subordinación y la violencia contra la mujer es un problema, únicamente, cuando alguien la justifica públicamente y de este modo rompe con las maneras establecidas el marco de lo políticamente correcto. Así el maltrato contra las mujeres no es problemático ni indignante, siempre que se esconda en el anonimato y la frialdad de las cifras.

No hablar de ciertos temas, atenuar nuestros prejuicios con formas de cortesía o repetir una y otra vez los mismos eufemismos con los cuales pretendemos creer que las cosas son distintas porque, simplemente, las llamamos de otra manera, es la forma más expedita para esperar que estas cambien a sabiendas de que todo seguirá igual. Que más da, vivimos en el reino de lo adjetivo donde la forma define el fondo y, aún así, nos preguntamos todos los días por qué estamos como estamos.