¿POLÍTICA VERSIÓN 2.0?

La elección de Barack Obama y el derrumbe de los regímenes despóticos en el Magreb, han sugerido que la acción política, la construcción de hegemonías y la emergencia de nuevas relaciones de poder, en adelante se disputarán en arenas movedizas, donde la internet y su instrumentación política a través de las redes sociales, desplazarán la esfera pública del mundo analógico al digital, al limitar el papel protagónico de las pantallas de televisión y dar paso al predominio del computador portátil y el Smartphone.

Las marchas de “Un millón de voces contra las Farc” y la Ola Verde, mostraron que Colombia no ha sido ajena a esta transformación. Las primeras probaron el potencial de los nuevos dispositivos de mediación, al permitir a ciudadanos del común hacer eco de situaciones reconocidas como indeseables y congregar, alrededor de estas, millones de personas a nivel planetario. La Ola Verde, por su parte, sumergió la política electoral colombiana en las lógicas de la sociedad de la información, al revelar la importancia y las posibilidades del uso de las redes en el intercambio de información y manipulación de símbolos a través de la Web.

En sintonía con lo anterior, este mes se convocaron, a través de Facebook y Twitter, dos protestas exhortando a los bogotanos a movilizarse en rechazo a los acercamientos entre el ex presidente Uribe y Enrique Peñalosa y en contra de las Farc por el manejo mediático dado a las liberaciones de febrero pasado. Pese a las expectativas generadas en las redes sociales, los llamados a la acción fracasaron. De 825.000 personas que votaron en Bogotá por Antanas Mockus, al “plantón verde” se presentaron 60 de ellos. La protesta en contra de las Farc, que en 2008 superó las 500.000 personas, esta vez no pasó de 40. ¿Qué paso?

La perorata sobre los alcances políticos de la revolución 2.0 ha hecho pensar, equivocadamente, que la internet es capaz, por sí misma, de provocar la acción colectiva y la movilización social. El intercambio en las redes sociales auspicia la emergencia de movimientos ciudadanos y pone a temblar a los poderes instituidos, solo si la información puesta en circulación canaliza la inconformidad generalizada desde hechos concretos o hitos significativos (como en el caso de Mohamed Bouazizi, quien se inmoló para protestar contra el régimen de Ben Ali en Túnez) que generan identidades y articulan demandas de sectores sociales diversos, las cuales subyacen a lo meramente episódico, algo que los organizadores de las nuevas marchas parecieron no entender.

Y no lo hicieron porque buscaron replicar, de forma ridículamente artificial, fenómenos que solo tienen lugar en un espacio y un tiempo determinado. La Ola Verde y las marchas del 4F, nadie lo duda, se apoyaron en los medios masivos de comunicación y en la web, pero tuvieron tras de sí altísimos niveles polarización política que se vieron exacerbados por la brutalidad de las Farc y por la corrupción de un uribismo en sus estertores. El Facebook jugó un rol definitivo para detonar estos fenómenos, pero no tuvieron lugar por la existencia de la red.

Ante el raquitismo de estas convocatorias, hay que recordar que las tecnologías de la información, desde Gutenberg hasta nuestros días, han transformado los marcos de la contienda política y la velocidad con la cual se propaga la información, pero nunca han sido el motor de las alternativas de cambio, ni mucho menos, de los proyectos colectivos que las soportan.

LAS IDEAS, A PESAR DE TODO

La separación de los ministerios fusionados en la ley 790 y las facultades especiales concedidas al ejecutivo para reestructurar algunas entidades públicas del orden nacional, produjo la primera tensión en la coalición de Unidad Nacional. Las dificultades en el trámite de esta iniciativa, cuyá votación definitiva se aplazó cuatro veces en la plenaria del Senado, puso sobre la mesa dos elementos centrales para comprender el presente político e institucional colombiano. En primer lugar, evidenció la gula burocrática del partido Conservador, su venalidad a la hora de impulsar las iniciativas fundamentales del gobierno de Álvaro Uribe y la corrupción agenciada por sus miembros en el nivel central del gobierno. En segundo lugar, puso de presente las diferencias existentes entre el presidente Santos y su antecesor la manera como entienden la democracia y la administración.

Lo primero no es nuevo. La corrupción es parte del sistema político colombiano y el uribato, pese a la retorica oficial, la potenció con un rediseño institucional que incentivó la deshonestidad. Muestra de ello fue el trámite del referendo reeleccionista o la sustitución de la colaboración cívica por las delaciones a cambio de recompensas. Lo segundo, en cambio, merece especial atención. Además de las cuotas burocráticas, la oposición a la reforma se libró desde la concepción misma del Estado. El presidente Santos, pragmático por excelencia, reveló en este proceso que, para él, las ideas importan.

Para asegurar su éxito inicial, Santos podría haber pasado de agache y dejar intacta la estructura heredada del periodo anterior, evitando así el distanciamiento con quien le precedió en la presidencia y el desgaste de una reforma administrativa que ocuparía la mitad de su periodo, máxime cuando esta no involucraba cambios de fondo en los postulados básicos del Estado, sino ajustes en los instrumentos necesarios para su buen funcionamiento.

Sin embargo, el Estado Comunitario, pilar fundamental del manifiesto uribista y materializado en la fusión de los ministerios, la promoción de la transparencia en la gestión y la austeridad en el gasto público, si bien disminuyó las plantas de personal de dichas entidades y generó un ahorro marginal en sus gastos de funcionamiento, también instauró un estilo de gobierno y administración caracterizado por la arbitrariedad, la centralización y la discrecionalidad, que rompió con el modelo republicano de pesos y contrapesos, y concentró las decisiones políticas en el nivel ejecutivo central, antes que delegarlas, como era lo proyectado, en la sociedad civil organizada.

En este escenario, parecería más ventajoso mantener el status quo que promover la contrarreforma. Sin embargo, el nuevo presidente optó por esta última para consolidar su ideal de gobierno, que desde los principios del Buen Gobierno o la Buena Gobernanza, requeriría de la adopción de reglas formales y procedimientos aceptados y normalizados que estructuraran las relaciones entre el Estado y la sociedad, partiendo de los principios de la participación, la legalidad, la transparencia, la responsabilidad, el consenso, la equidad, la eficacia y eficiencia, ausentes en las practicas gubernamentales y administrativas diseñadas e implementadas en la pasada administración.

Por sus volteretas, los críticos más ácidos de Juan Manuel Santos dudaron de su lealtad con el ex presidente Uribe. Y tenían razón. Éste no guardó fidelidad con los presupuestos ideológicos y administrativos del gobierno anterior porque su ethos y su proyecto político, materializados en la presente reforma y las demás contenidas en su ambiciosa agenda legislativa, se antepusieron, para sorpresa de muchos, a su pragmatismo habitual. Aunque no es tan extraño si nos atenemos a lo señalado por el actual presidente en 2003, cuando aseguró que “el desprecio por la teoría y por lo conceptual (…) es lo que nos hace proclives al mesianismo, a esa búsqueda del Salvador de turno”, papel en cual su mentor político se desempeñaba a la perfección y en el que también se sentía tan a gusto.