Otra vez la Policía Nacional dando de qué hablar. Hace menos de dos semanas el escándalo corrió por cuenta de los jóvenes quemados en la estación de policía de la localidad de Rafael Uribe Uribe. Hoy las críticas se deben al video transmitido por el Canal RCN en el cual un teniente es sometido a tratos degradantes por parte de sus superiores. Frente a esto la reacción institucional es siempre la misma. Bien sea Naranjo o Palomino, los lugares comunes y las frases de cajón se repiten. “Vergonzoso que servidores de la Institución hubiesen atacado de esa manera a esos jóvenes”, “la Policía Nacional se siente lastimada, porque realmente es una situación indigna”. ¿Y?
El problema de fondo es el uso y legitimación de prácticas degradantes y abusivas por parte de quienes constitucionalmente administran la fuerza y la coerción. La Corte Constitucional señala que las autoridades de policía “son las encargadas de garantizar el derecho constitucional fundamental a la protección a todas las personas dentro del territorio de la República.” En contravía de esto, el accionar de un gran número de policías parece responder a criterios derivados de una lógica sectaria desde la cual los principios democráticos sucumben frente a las prácticas y mentalidades tradicionales del guerrero, pero despojadas de todo principio de honor y respeto por el adversario.
Esto, por supuesto, no es gratuito. Por el contrario, se vincula al desprecio manifiesto de nuestra sociedad por los valores democráticos y los avances del mundo occidental en materia de derechos y libertades individuales. Para muchos colombianos los principios que sostienen el Estado de Derecho, como el debido proceso o la presunción de inocencia, parecieran ser simples entelequias jurídicas o leguleyadas sin asidero en la realidad. Los foros virtuales así lo demuestran.
En www.eltiempo.com, la forista Luzbece comenta la noticia de los jóvenes quemados, señalando que “no es aceptable que todos los medios hablen en contra la autoridad; si bien es cierto deben dar ejemplo; pero qué estaban haciendo estos demonios menores de edad por la calle a esas horas; no sería que estaban haciendo fechorías, robando, intimidando con armas, drogados; muy seguramente habían hecho mucho daño como querían hacerlo al joven que ellos quemaron primero. De qué se quejan estos mocosos, si les dieron de la misma medicina”.
En relación con el video del teniente de la policía, el forista JVC, también en www.eltiempo.com, crítica a los demás participantes señalando que “ninguno de aquí es uniformado como para saber en qué consiste el honor y los códigos que ellos manejan muy diferentes a los de los civiles, tanto que para eso hay una justicia penal militar. Si los estuvieran quemando, golpeando, arreando, dándoles tiros peleen, pero por algo que es voxpopuli en las graduaciones”.
Las arbitrariedades y los escándalos de la policía, más que evidenciar las prácticas indeseables de algunos uniformados, permiten observar algunas de las dificultades por las cuales en Colombia no ha sido posible superar la violencia y edificar una esfera pública regida por los valores heredados de la ilustración. Esto, ya que los rituales y prácticas sectarias no se han confinado al ámbito privado y han terminado por definir, en parte, las relaciones entre el Estado y la Sociedad, limitando de esta manera la consolidación de racionalidades cívicas a través de las cuales el consenso y el conflicto se diriman en espacios reglados por la ley, sobre el entendido de que son estas las únicas formas legitimas de acción.
Alejandro Pérez
Bogotá 21 de Febrero de 2009
El problema de fondo es el uso y legitimación de prácticas degradantes y abusivas por parte de quienes constitucionalmente administran la fuerza y la coerción. La Corte Constitucional señala que las autoridades de policía “son las encargadas de garantizar el derecho constitucional fundamental a la protección a todas las personas dentro del territorio de la República.” En contravía de esto, el accionar de un gran número de policías parece responder a criterios derivados de una lógica sectaria desde la cual los principios democráticos sucumben frente a las prácticas y mentalidades tradicionales del guerrero, pero despojadas de todo principio de honor y respeto por el adversario.
Esto, por supuesto, no es gratuito. Por el contrario, se vincula al desprecio manifiesto de nuestra sociedad por los valores democráticos y los avances del mundo occidental en materia de derechos y libertades individuales. Para muchos colombianos los principios que sostienen el Estado de Derecho, como el debido proceso o la presunción de inocencia, parecieran ser simples entelequias jurídicas o leguleyadas sin asidero en la realidad. Los foros virtuales así lo demuestran.
En www.eltiempo.com, la forista Luzbece comenta la noticia de los jóvenes quemados, señalando que “no es aceptable que todos los medios hablen en contra la autoridad; si bien es cierto deben dar ejemplo; pero qué estaban haciendo estos demonios menores de edad por la calle a esas horas; no sería que estaban haciendo fechorías, robando, intimidando con armas, drogados; muy seguramente habían hecho mucho daño como querían hacerlo al joven que ellos quemaron primero. De qué se quejan estos mocosos, si les dieron de la misma medicina”.
En relación con el video del teniente de la policía, el forista JVC, también en www.eltiempo.com, crítica a los demás participantes señalando que “ninguno de aquí es uniformado como para saber en qué consiste el honor y los códigos que ellos manejan muy diferentes a los de los civiles, tanto que para eso hay una justicia penal militar. Si los estuvieran quemando, golpeando, arreando, dándoles tiros peleen, pero por algo que es voxpopuli en las graduaciones”.
Las arbitrariedades y los escándalos de la policía, más que evidenciar las prácticas indeseables de algunos uniformados, permiten observar algunas de las dificultades por las cuales en Colombia no ha sido posible superar la violencia y edificar una esfera pública regida por los valores heredados de la ilustración. Esto, ya que los rituales y prácticas sectarias no se han confinado al ámbito privado y han terminado por definir, en parte, las relaciones entre el Estado y la Sociedad, limitando de esta manera la consolidación de racionalidades cívicas a través de las cuales el consenso y el conflicto se diriman en espacios reglados por la ley, sobre el entendido de que son estas las únicas formas legitimas de acción.
Alejandro Pérez
Bogotá 21 de Febrero de 2009
