DE VUELTA A LA TOLERANCIA

En el mundo liberal la Tolerancia es el valor fundamental para consolidar la democracia y el elemento necesario para formalizar relaciones sociales en las que impere la alteridad. La Tolerancia fue originariamente un dispositivo de incorporación social de “herejes”, “desviados” o “impuros”, en momentos en que la lógica política de los Estados nacionales se imponía al mundo sacramental. A pesar de su condición indeseable, el tolerado no sería llevado a la hoguera por sus convicciones religiosas. En un segundo momento la Tolerancia pasa de ser una concesión arbitraria a una norma jurídica con la consagración de los derechos individuales y el ejercicio de la ciudadanía. Finalmente, la Tolerancia es hoy un principio ético necesario para el despliegue de instituciones y prácticas culturales democráticas. Esta representa el consenso por el cual “se renuncia expresamente al uso de la violencia para la resolución” de los antagonismos y las discrepancias sociales, y por el cual se reconoce la diversidad y promueve el conflicto en marcos normativos propios de la vida democrática.

La evolución del concepto se da en los últimos 400 años de la historia de Occidente. Sin embargo, en la sociedad colombiana la institucionalización de la Tolerancia como regla de conducta deseable, y los avances normativos en la materia, no han impactado en la constitución de prácticas y mentalidades que supongan la aceptación de la diferencia o, por lo menos, el respeto por la integridad física del “intolerado”. Bien sea en el terreno de la política o en el respeto y afirmación de las identidades individuales, los ejemplos de intolerancia abundan.

De un lado, la interminable violencia política sufrida desde la segunda mitad del siglo pasado, que va del corte franela de la Violencia al canibalismo paramilitar de nuestros días, pone de presente una cultura política que no ha podido desechar la violencia y el aniquilamiento físico como instrumento válido de acción. Aunque ilegal y repudiado desde la forma, el fondo se hace presente cuando amplios sectores de la sociedad legitiman las acciones violentas de los grupos armados ilegales y consideran normal, e incluso necesario, cuando el Estado abusa del monopolio de la coerción eliminando físicamente a sus contradictores.

Desde otras esferas, los crímenes de odio contra la comunidad LGTB o las muertes provocadas en el ámbito del futbol por cuenta de las Barras Bravas, por ejemplo, hacen evidente una anomia definitoria de la colombianidad que nos lleva a pensar si esta sociedad fracaso en el intento de regir sus destinos por las ideas más elementales de la civilización y la Modernidad, o si por el contrario nisiquiera ha iniciado tal recorrido.

De los más enconados antagonismos a la más banal de las contradicciones, la imposibilidad de acudir a la Tolerancia en cualquiera de sus acepciones sugiere que, a pasar de los 400 años de atraso en la apropiación de dicha noción, se requiere avanzar en los procesos básicos que posibiliten llegar algún día al menos a soportar aquello que de antemano se rechaza por indeseable o impensable, y por tanto intolerable, sin recurrir a su eliminación física. Es decir, volver a los origenes mismos del concepto. Al lograr ese presupuesto esencial podríamos pensar, por qué no, en la edificación de una cultura de conflictos que, entendiendo lo inevitable de los mismos, haga posible enfrentarlos con la mayor vehemencia, pero al mismo tiempo con la racionalidad suficiente para entender que un proyecto de nación y unas nuevas narrativas que lo apoyen no pueden estar soportadas sino en el respeto por la vida humana y todo lo que de ello se deriva.

Alejandro Pérez
Abril 16 de 2009

¿BRUTALIDAD POLICIAL O BRUTALIDAD SOCIAL? ABUSO DE AUTORIDAD Y ESTADO DE DERECHO

Otra vez la Policía Nacional dando de qué hablar. Hace menos de dos semanas el escándalo corrió por cuenta de los jóvenes quemados en la estación de policía de la localidad de Rafael Uribe Uribe. Hoy las críticas se deben al video transmitido por el Canal RCN en el cual un teniente es sometido a tratos degradantes por parte de sus superiores. Frente a esto la reacción institucional es siempre la misma. Bien sea Naranjo o Palomino, los lugares comunes y las frases de cajón se repiten. “Vergonzoso que servidores de la Institución hubiesen atacado de esa manera a esos jóvenes”, “la Policía Nacional se siente lastimada, porque realmente es una situación indigna”. ¿Y?

El problema de fondo es el uso y legitimación de prácticas degradantes y abusivas por parte de quienes constitucionalmente administran la fuerza y la coerción. La Corte Constitucional señala que las autoridades de policía “son las encargadas de garantizar el derecho constitucional fundamental a la protección a todas las personas dentro del territorio de la República.” En contravía de esto, el accionar de un gran número de policías parece responder a criterios derivados de una lógica sectaria desde la cual los principios democráticos sucumben frente a las prácticas y mentalidades tradicionales del guerrero, pero despojadas de todo principio de honor y respeto por el adversario.

Esto, por supuesto, no es gratuito. Por el contrario, se vincula al desprecio manifiesto de nuestra sociedad por los valores democráticos y los avances del mundo occidental en materia de derechos y libertades individuales. Para muchos colombianos los principios que sostienen el Estado de Derecho, como el debido proceso o la presunción de inocencia, parecieran ser simples entelequias jurídicas o leguleyadas sin asidero en la realidad. Los foros virtuales así lo demuestran.

En www.eltiempo.com, la forista Luzbece comenta la noticia de los jóvenes quemados, señalando que “no es aceptable que todos los medios hablen en contra la autoridad; si bien es cierto deben dar ejemplo; pero qué estaban haciendo estos demonios menores de edad por la calle a esas horas; no sería que estaban haciendo fechorías, robando, intimidando con armas, drogados; muy seguramente habían hecho mucho daño como querían hacerlo al joven que ellos quemaron primero. De qué se quejan estos mocosos, si les dieron de la misma medicina”.

En relación con el video del teniente de la policía, el forista JVC, también en www.eltiempo.com, crítica a los demás participantes señalando que “ninguno de aquí es uniformado como para saber en qué consiste el honor y los códigos que ellos manejan muy diferentes a los de los civiles, tanto que para eso hay una justicia penal militar. Si los estuvieran quemando, golpeando, arreando, dándoles tiros peleen, pero por algo que es voxpopuli en las graduaciones”.

Las arbitrariedades y los escándalos de la policía, más que evidenciar las prácticas indeseables de algunos uniformados, permiten observar algunas de las dificultades por las cuales en Colombia no ha sido posible superar la violencia y edificar una esfera pública regida por los valores heredados de la ilustración. Esto, ya que los rituales y prácticas sectarias no se han confinado al ámbito privado y han terminado por definir, en parte, las relaciones entre el Estado y la Sociedad, limitando de esta manera la consolidación de racionalidades cívicas a través de las cuales el consenso y el conflicto se diriman en espacios reglados por la ley, sobre el entendido de que son estas las únicas formas legitimas de acción.

Alejandro Pérez
Bogotá 21 de Febrero de 2009