DE MARCHAS Y REFORMAS (I)

La exacerbación del miedo y las denuncias sobre infiltraciones terroristas hechas por el DAS no tuvieron lugar en las marchas en contra del proyecto de reforma a la ley 30 de 1992. Como bien lo señaló el Ministro del Interior, se desarrollaron con tranquilidad y revelaron la emergencia de nuevas formas de movilización social que, aunque incipientes, rompen con la exaltación atávica de la violencia, privilegian el uso de armas simbólicas y promueven identidades al margen del dogmatismo que ha caracterizado al tradicional movimiento estudiantil.

Si bien los noticieros se esmeraron en registrar como aspecto central de la jornada hechos marginales de violencia, quienes se hicieron presentes en la carrera séptima y la Plaza de Bolívar pudieron constatar que los manifestantes, en su mayoría, antepusieron  las bombas de agua a las papas bomba y las narices de payaso a las capuchas. De esta manera, el 7 de abril se hizo presente un movimiento estudiantil plural que, desde su carácter policlasista y multisectorial, desafió con lenguajes renovados, cargados de histrionismo e inteligencia, la violencia antisistémica característica de la izquierda revolucionaria y sus herederos.

Esto no es un hecho casual. La combinación de consignas, pancartas y performances, que no solo aludieron a la reforma, sino que reclamaron el reconocimiento de identidades más allá de las reivindicaciones de clase, pareciera ser el germen de una nueva forma de movilización estudiantil, más democrática que autoritaria, no solo por recrear escenarios de confrontación que distan de la rigidez y el fanatismo militante, sino porque evitan exacerbar el dramatismo que provoca la violencia y que eclipsa unas demandas legítimas que, generalmente, quedan sepultadas bajo los vidrios rotos y los titulares de prensa que un día después confirman, como lo hizo El Espectador, que “Las marchas no fueron del todo pacificas”.

Este viraje, hay que decirlo, podría quedar en lo puramente episódico. Sin embargo, sería lamentable dada la necesidad de replantear el lugar y los alcances de un movimiento estudiantil anquilosado, que pareciera no darse cuenta de su inocuidad, de su incapacidad para poner en cuestión la hegemonía que hace legítimo el estado de cosas imperante, siempre que no genera identidad con las comunidades que dice representar, no persuade sobre la necesidad de organizarse ni de la justeza de sus demandas y, fundamentalmente, porque carece de autocritica y no revalúa unos discursos y unas prácticas que no dan respuesta a las necesidades y los intereses del estudiantado y, por tanto, no logra romper con su apatía y atomización.

Walter Benjamín señaló en sus primeros ensayos que la “juventud no sólo se encuentra llena de futuro, sino que siente dentro de sí la alegría y el coraje de los nuevos portadores de la cultura... Este sentimiento juvenil ha de convertirse en una forma de pensar compartida por todos, en una brújula de la vida”.

Hoy, más que nunca, sus palabras cobran vigencia. Nuestros jóvenes deben recobrar el ímpetu que les es propio y convertirse en protagonistas de primer orden en las transformaciones de nuestro tiempo. Para ello han de convertirse en adversarios legítimos en el marco de la lucha democrática, algo que se logra, inicialmente, con la edificación de proyectos que, con espíritu crítico y creatividad, reconsideren las formas de lucha imperantes que, además de agotadas, favorecen la perpetuación de los poderes instituidos desde la sedimentación de prejuicios condenan de antemano la movilización estudiantil.

¿POLÍTICA VERSIÓN 2.0?

La elección de Barack Obama y el derrumbe de los regímenes despóticos en el Magreb, han sugerido que la acción política, la construcción de hegemonías y la emergencia de nuevas relaciones de poder, en adelante se disputarán en arenas movedizas, donde la internet y su instrumentación política a través de las redes sociales, desplazarán la esfera pública del mundo analógico al digital, al limitar el papel protagónico de las pantallas de televisión y dar paso al predominio del computador portátil y el Smartphone.

Las marchas de “Un millón de voces contra las Farc” y la Ola Verde, mostraron que Colombia no ha sido ajena a esta transformación. Las primeras probaron el potencial de los nuevos dispositivos de mediación, al permitir a ciudadanos del común hacer eco de situaciones reconocidas como indeseables y congregar, alrededor de estas, millones de personas a nivel planetario. La Ola Verde, por su parte, sumergió la política electoral colombiana en las lógicas de la sociedad de la información, al revelar la importancia y las posibilidades del uso de las redes en el intercambio de información y manipulación de símbolos a través de la Web.

En sintonía con lo anterior, este mes se convocaron, a través de Facebook y Twitter, dos protestas exhortando a los bogotanos a movilizarse en rechazo a los acercamientos entre el ex presidente Uribe y Enrique Peñalosa y en contra de las Farc por el manejo mediático dado a las liberaciones de febrero pasado. Pese a las expectativas generadas en las redes sociales, los llamados a la acción fracasaron. De 825.000 personas que votaron en Bogotá por Antanas Mockus, al “plantón verde” se presentaron 60 de ellos. La protesta en contra de las Farc, que en 2008 superó las 500.000 personas, esta vez no pasó de 40. ¿Qué paso?

La perorata sobre los alcances políticos de la revolución 2.0 ha hecho pensar, equivocadamente, que la internet es capaz, por sí misma, de provocar la acción colectiva y la movilización social. El intercambio en las redes sociales auspicia la emergencia de movimientos ciudadanos y pone a temblar a los poderes instituidos, solo si la información puesta en circulación canaliza la inconformidad generalizada desde hechos concretos o hitos significativos (como en el caso de Mohamed Bouazizi, quien se inmoló para protestar contra el régimen de Ben Ali en Túnez) que generan identidades y articulan demandas de sectores sociales diversos, las cuales subyacen a lo meramente episódico, algo que los organizadores de las nuevas marchas parecieron no entender.

Y no lo hicieron porque buscaron replicar, de forma ridículamente artificial, fenómenos que solo tienen lugar en un espacio y un tiempo determinado. La Ola Verde y las marchas del 4F, nadie lo duda, se apoyaron en los medios masivos de comunicación y en la web, pero tuvieron tras de sí altísimos niveles polarización política que se vieron exacerbados por la brutalidad de las Farc y por la corrupción de un uribismo en sus estertores. El Facebook jugó un rol definitivo para detonar estos fenómenos, pero no tuvieron lugar por la existencia de la red.

Ante el raquitismo de estas convocatorias, hay que recordar que las tecnologías de la información, desde Gutenberg hasta nuestros días, han transformado los marcos de la contienda política y la velocidad con la cual se propaga la información, pero nunca han sido el motor de las alternativas de cambio, ni mucho menos, de los proyectos colectivos que las soportan.

LAS IDEAS, A PESAR DE TODO

La separación de los ministerios fusionados en la ley 790 y las facultades especiales concedidas al ejecutivo para reestructurar algunas entidades públicas del orden nacional, produjo la primera tensión en la coalición de Unidad Nacional. Las dificultades en el trámite de esta iniciativa, cuyá votación definitiva se aplazó cuatro veces en la plenaria del Senado, puso sobre la mesa dos elementos centrales para comprender el presente político e institucional colombiano. En primer lugar, evidenció la gula burocrática del partido Conservador, su venalidad a la hora de impulsar las iniciativas fundamentales del gobierno de Álvaro Uribe y la corrupción agenciada por sus miembros en el nivel central del gobierno. En segundo lugar, puso de presente las diferencias existentes entre el presidente Santos y su antecesor la manera como entienden la democracia y la administración.

Lo primero no es nuevo. La corrupción es parte del sistema político colombiano y el uribato, pese a la retorica oficial, la potenció con un rediseño institucional que incentivó la deshonestidad. Muestra de ello fue el trámite del referendo reeleccionista o la sustitución de la colaboración cívica por las delaciones a cambio de recompensas. Lo segundo, en cambio, merece especial atención. Además de las cuotas burocráticas, la oposición a la reforma se libró desde la concepción misma del Estado. El presidente Santos, pragmático por excelencia, reveló en este proceso que, para él, las ideas importan.

Para asegurar su éxito inicial, Santos podría haber pasado de agache y dejar intacta la estructura heredada del periodo anterior, evitando así el distanciamiento con quien le precedió en la presidencia y el desgaste de una reforma administrativa que ocuparía la mitad de su periodo, máxime cuando esta no involucraba cambios de fondo en los postulados básicos del Estado, sino ajustes en los instrumentos necesarios para su buen funcionamiento.

Sin embargo, el Estado Comunitario, pilar fundamental del manifiesto uribista y materializado en la fusión de los ministerios, la promoción de la transparencia en la gestión y la austeridad en el gasto público, si bien disminuyó las plantas de personal de dichas entidades y generó un ahorro marginal en sus gastos de funcionamiento, también instauró un estilo de gobierno y administración caracterizado por la arbitrariedad, la centralización y la discrecionalidad, que rompió con el modelo republicano de pesos y contrapesos, y concentró las decisiones políticas en el nivel ejecutivo central, antes que delegarlas, como era lo proyectado, en la sociedad civil organizada.

En este escenario, parecería más ventajoso mantener el status quo que promover la contrarreforma. Sin embargo, el nuevo presidente optó por esta última para consolidar su ideal de gobierno, que desde los principios del Buen Gobierno o la Buena Gobernanza, requeriría de la adopción de reglas formales y procedimientos aceptados y normalizados que estructuraran las relaciones entre el Estado y la sociedad, partiendo de los principios de la participación, la legalidad, la transparencia, la responsabilidad, el consenso, la equidad, la eficacia y eficiencia, ausentes en las practicas gubernamentales y administrativas diseñadas e implementadas en la pasada administración.

Por sus volteretas, los críticos más ácidos de Juan Manuel Santos dudaron de su lealtad con el ex presidente Uribe. Y tenían razón. Éste no guardó fidelidad con los presupuestos ideológicos y administrativos del gobierno anterior porque su ethos y su proyecto político, materializados en la presente reforma y las demás contenidas en su ambiciosa agenda legislativa, se antepusieron, para sorpresa de muchos, a su pragmatismo habitual. Aunque no es tan extraño si nos atenemos a lo señalado por el actual presidente en 2003, cuando aseguró que “el desprecio por la teoría y por lo conceptual (…) es lo que nos hace proclives al mesianismo, a esa búsqueda del Salvador de turno”, papel en cual su mentor político se desempeñaba a la perfección y en el que también se sentía tan a gusto.

EN OBRA NEGRA

En los últimos tres meses el fenómeno de la “Niña”, además de causar las mayores inundaciones en la historia reciente de nuestro país, ha hecho correr ríos de tinta. El Tiempo, por ejemplo, publicó entre editoriales y columnas de opinión más de cuarenta y cinco artículos referidos a la ola invernal. Escritores, periodistas, académicos, políticos y burócratas han aprovechado la oportunidad para opinar sobre las causas, las consecuencias y las lecciones necesarias para superar la tragedia. Y no es para menos. Ante una calamidad de semejantes dimensiones, con más de dos millones de damnificados, es natural que todos tengan algo que decir.

¿Todos? en realidad no. Casi todos, porque los partidos políticos, como institución, pasaron de agache. Los tradicionales se movieron en lo de siempre: pidiendo beneficios sectoriales concretos, pasando cuentas de cobro y como gran solución, proponiendo un pacto político de Unidad Nacional para las próximas elecciones. Las “nuevas fuerzas”, por su parte, se ocuparon de capotear la desunión, limitándose a emitir comunicados lánguidos, con pro formas que sirven para cualquier otra calamidad. Y ¿acaso había que esperar grandes propuestas de los partidos políticos colombianos? Puede que no. Pero al menos, no solamente por cuestiones de cálculo político, sino atendiendo a la carga semántica que deriva de su propio nombre, quedamos a la espera de escuchar al Partido Verde.

Esto porque las explicaciones a la ola invernal y sus consecuencias desastrosas, aunque variadas, también se ubican en el plano de la crisis ambiental planetaria y la manera como la mano del hombre ha contribuido a la misma. Estas son las temáticas y los problemas socialmente relevantes construidos por los Verdes alrededor del mundo y expresados en líneas de acción tendientes a la responsabilidad ambiental y el desarrollo sostenible. Sin embargo, ¿alguien ha escuchado a Mockus, Peñaloza o Garzón hablando de esto?, muy probablemente no.

Lo anterior hace pensar que los yerros de Mockus en su carrera a la presidencia, su ambivalencia constante, la debilidad de sus posturas y el mutismo de sus coequiperos, no eran muestra de honestidad, como bien se cacareó, sino la expresión más acabada de cómo, acudiendo a frases efectistas y tomando prestados ropajes ideológicos para la ocasión, es posible convocar a un porvenir esplendoroso, en el que las luces del futuro iluminan el presente, aun cuando la vacuidad del proyecto no permita recrear alternativas reales de cambio.

Y aunque se diga que es un partido joven, en proceso de consolidación, hasta el momento las expectativas que se crearon a su alrededor están lejos de haberse cumplido. En parte, porque la actividad de sus miembros se ha limitado a la matemática electoral, reproduciendo las prácticas de sus supuestos antagonistas, pero también porque no han tomado posiciones claras frente a los problemas fundamentales del país. Esto, a decir verdad, no debería extrañar a nadie ya que al consultar su página web en el link que conduce a su plataforma política se dice con toda claridad que está en construcción.

EL REINO DE LO ADJETIVO

En la vida pública de nuestro tiempo el uso del lenguaje políticamente correcto se ha impuesto como norma de conducta. El reconocimiento de la incidencia de las palabras en la formación de conceptos y la manera como estos modelan las relaciones de poder, ha hecho que se institucionalicen formas lingüísticas antidiscriminatorias que eviten la propagación y el despliegue de discursos apoyados en prejuicios hacia determinados segmentos sociales.

Este avance, aunque importante, en ocasiones oculta contradicciones de fondo en las mentalidades y las prácticas sociales que no se modifican, únicamente, con la aplicación de estas nuevas formas de cortesía. Dos notas de El Espectador de los últimos dos meses, referidas a la situación actual de la mujer en Colombia, son muestra de la importancia que los lectores de esta publicación le conceden a determinados temas, a partir de privilegiar lo puramente adjetivo, en desmedro de lo realmente importante.

La primera, del 25 de noviembre, hace referencia al informe de la oficina nacional del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), sobre la violencia ejercida contra las mujeres en nuestro país. El titular señala que “En Colombia cada minuto seis mujeres son víctimas de algún tipo de violencia”, el subtitulo informa que “Según un estudio, la violencia contra las mujeres es la más extendida forma de violación de derechos humanos en el país" y el cuerpo de la noticia se centra en las cifras más relevantes del informe, indicando que, por ejemplo, entre 2002 y 2009 se produjeron “más de 600.000 hechos de violencia contra las mujeres”, de los cuales se precisa que “101.000 son de violencia de pareja; 100.000 más de lesiones personales; 40.000 de violencia sexual y 4.000 de mujeres que fueron asesinadas”. En cuanto al maltrato de pareja, específicamente, “el reporte añade que de 60.000 casos en el 2009, casi la totalidad, 53.800, fueron contra las mujeres”. La nota tuvo treinta comentarios de los lectores.

La segunda, del 3 de enero, fue un video que, a falta de noticias, la edición en línea de El Espectador tomo del portal Metropolis TV, en el cual se reporta la existencia del Movimiento Machista Casanareño. Este relleno, que muestra a Edilberto “Beto” Barreto, su fundador, explicando la necesidad de constituir un movimiento que surja como oposición al feminismo, partiendo de la reafirmación de la autoridad masculina y la preservación de un orden natural fundado en la obediencia y sometimiento de las mujeres, ha sido la nota más visitada de los primeros días del año, con más de mil comentarios.

Pareciera, por el número de comentarios y el debate surgido alrededor de las noticias, que para los lectores la subordinación y la violencia contra la mujer es un problema, únicamente, cuando alguien la justifica públicamente y de este modo rompe con las maneras establecidas el marco de lo políticamente correcto. Así el maltrato contra las mujeres no es problemático ni indignante, siempre que se esconda en el anonimato y la frialdad de las cifras.

No hablar de ciertos temas, atenuar nuestros prejuicios con formas de cortesía o repetir una y otra vez los mismos eufemismos con los cuales pretendemos creer que las cosas son distintas porque, simplemente, las llamamos de otra manera, es la forma más expedita para esperar que estas cambien a sabiendas de que todo seguirá igual. Que más da, vivimos en el reino de lo adjetivo donde la forma define el fondo y, aún así, nos preguntamos todos los días por qué estamos como estamos.

CUANDO LOS EXTREMOS SE JUNTAN

Álvaro Uribe y Piedad Córdoba tienen demasiado en común. Además de su terruño, su origen político y su mutuo desprecio, comparten el tránsito del cálido centro del espectro político a la aspereza del extremismo ideológico. El ex presidente, antes de capitanear la más reaccionaria de las derechas, lideró la corriente socialdemócrata de su partido en el departamento de Antioquia, denominada “Sector Democrático”. La ex senadora, por su parte, se deslizó desde lo más duro del establecimiento liberal antioqueño, en el cual despuntó de la mano de William Jaramillo Gómez, hacia el ala más radical de las varias izquierdas que conviven en el interior del Partido Liberal.

Pero eso no es todo. En los últimos días ambos han señalado que los procesos judiciales y disciplinarios en los cuales ellos y sus cortesanos se han visto envueltos, son en realidad un complot orquestado por criminales infiltrados en los distintos poderes públicos. Para el ex presidente "muchos de mis compañeros no tienen garantías y la persecución sobre ellos también amenaza sus vidas", para la ex senadora hay “una visceral persecución política” en su contra.

En un país como el nuestro, cuyas instituciones desde hace más de dos décadas fueron capturadas por mafiosos y gatilleros de todos los pelambres, no suena extraño que, aparentemente, quienes han defendido las instituciones desde los más elevados principios republicanos y democráticos, como dicen haberlo hecho el ex presidente y la ex senadora, sean víctimas de una cacería de brujas como la desplegada por el Procurador y la sala penal de Corte Suprema de Justicia.

Y digo aparentemente porque a los ojos de un simple espectador, y no de los protagonistas de la historia, los hechos parecen confirmar que, tanto el ex presidente como la ex senadora, actuaron en contra de la institucionalidad que dicen haber defendido.

Uribe y su círculo de confianza emprendieron una cruzada “contundente contra el crimen” en la cual espiaron de forma ilegal a quienes representan la base misma del sistema republicano, es decir, las altas cortes y los congresistas de la oposición. Córdoba, por su parte, en defensa de la democracia y los Derechos Humanos, traspasó los límites aceptables de la oposición en los regímenes democráticos, al actuar de manera ambigua frente a las FARC y situarse en lo que Linz llamara “oposición semileal” que, palabras más palabras menos, disculpa, tolera o no denuncia a grupos antisistema cuyas acciones afectan la estabilidad del régimen por compartir los fines de quienes practican la violencia.

Este proceder no es exclusivo de nuestros políticos. Ambroce Bierce definió, en su Diccionario del Diablo, que la política es el “conflicto de intereses disfrazado de lucha de principios”. Sin embargo, las actuaciones del ex presidente y la ex senadora me dan pie para agregar que, en este conflicto de intereses, el cinismo y el delirio de sus protagonistas terminan por marcar, para éstos, los límites aceptables de la disputa, estirando o recortando a su acomodo las reglas de juego preestablecidas. El cinismo de sus rituales simulados y declaraciones de principios vacías, cuya entidad se diluye al momento mismo de su enunciación, siempre que dicen lo que no piensan y hacen lo que dijeron repudiar. Pero también el delirio que los lleva, con la misma rapidez, a convertir esa falsa representación en una verdad incontrovertible.

Bien dicen por ahí que los extremos se juntan. En este caso, las vidas del ex presidente y la ex senadora nuevamente se cruzan para, desde orillas distintas, censurar una democracia que siempre les será disfuncional, ya que adhieren a ella, únicamente, cuando les conviene. Por suerte para el país, y no tanto para ellos, el vaivén de sus intereses no modeló el devenir de la justicia y los organismos de control, hecho realmente esperanzador ya que pone de presente que el ethos democrático parece, finalmente, haberse sembrado en nuestra débil institucionalidad.

DEMOCRACIA CHURCHILLIANA

Con ocasión del premio Nobel concedido a Mario Vargas Llosa y sus posiciones en defensa del Liberalismo, tres noticias reafirmaron mi adhesión irrenunciable a la democracia en su versión churchilliana, esto es, que “la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre. Con excepción de todos los demás”.

La primera es una nota de Granma, del 8 de octubre. Para el periódico oficial del Partido Comunista de Cuba, antes que cualquier cosa, Vargas Llosa es el “antinobel de la ética”, por su “catadura moral, los desplantes neoliberales, la negación de sus orígenes y la obsecuencia ante los dictados del imperio”. Finaliza la nota señalando que “no hay causa indigna en esta parte del mundo que Mario Vargas Llosa deje de apoyar y aplaudir”.

La segunda es el despido de más de 500 mil trabajadores estatales en Cuba y el comunicado emitido el 13 de septiembre por el único sindicato autorizado en la isla, la Central de Trabajadores de Cuba –CTC-. Para el Secretariado Nacional de la CTC, los despidos se justifican porque “es necesario elevar la producción y la calidad de los servicios, reducir los abultados gastos sociales y eliminar gratuidades indebidas y subsidios excesivos”.

La tercera, publicada el 1 de octubre en la web de Caracol Radio, reproduce las declaraciones del vicepresidente del Consejo Gremial de Colombia, en las cuales anuncia que de acuerdo con sus cálculos, el “incremento del salario mínimo en el 2011 no puede ser superior a la inflación”, es decir, que el aumento no podría ser mayor al 3,9%.

¿Y? se preguntarán algunos. ¿Qué tiene que ver el premio Nobel de literatura con los despidos masivos en Cuba, o Vargas Llosa con el aumento del salario mínimo en Colombia? A simple vista nada. No obstante, la nueva situación cubana, su avance “en el desarrollo y la actualización del modelo económico” –como bien señala la CTC- y las excusas del régimen frente a hechos indefendibles desde la ortodoxia Marxista – Leninista, parecieran mostrar que la democratización de los regímenes políticos latinoamericanos y la crítica al gobierno de la Habana, abanderadas por Vargas Llosa, no eran causas del todo indignas.

Las antinomias del modelo cubano y lo inevitable de las medidas tomadas, ponen en cuestión, esas sí, la ética de su dirigencia y de quienes tienen por obligación defender los derechos de los trabajadores, es decir, sus sindicatos.  La inexistencia de pesos y contrapesos en el sistema político cubano llevan a que, en la práctica, estos despidos se hayan justificado con comunicados que parecen tomados de la página del Banco Mundial y que todos tengan que estar de acuerdo. Con eufemismos, se pretende maquillar la doble moral del régimen, que extrañamente profundizará el socialismo desde la aplicación del neoliberalismo.

Inevitablemente las contradicciones de Cuba y su desprecio por la democracia burguesa me han llevado a pensar en el anuncio del Consejo Gremial y el aumento del salario mínimo en nuestro país.

La historia reciente pareciera mostrar que la negociación salarial entre el gobierno nacional, el consejo gremial y las centrales obreras, es un ejercicio inocuo del cual podría prescindirse, ya que es evidente que en esta pelea, pactada a un asalto, no solamente se conoce de antemano al ganador, sino que el juez último termina siendo la inflación. De ahí que muchos sentirían alivio al no tener que soportar el penoso espectáculo de ver en vivo y en directo al Ministro de Protección Social explicando con cinismo los enormes beneficios que traerá para nuestra economía y los trabajadores el generoso aumento proyectado por el gobierno nacional previamente pactado con los empresarios, y a las centrales obreras, cada vez más caricaturescas por causa de su raquitismo, denunciando los abusos patronales y el inequitativo incremento concedido por el gobierno nacional.

A pesar de su aparente inutilidad, este enfrentamiento entre los mundos del trabajo y del capital permite establecer una diferencia entre las posibilidades de una sociedad democrática y cualquier otra regida por una forma distinta de gobierno. Todas las formas de organización política son de suyo injustas y sus estructuras de dominación hacen que sean muy pocos quienes decidan la suerte de muchos. No obstante, las democracias dan la oportunidad de mirar al poder a los ojos y desafiar sus designios. Puede que la pelea, por desigual, casi siempre termine en derrota, pero al permitir el simulacro de la confrontación se ponen sobre el tapete los antagonismos necesarios para pensar y recrear alternativas de cambio.

Esto es lo que hace mejor a la democracia y lo que me lleva a adherir a ésta de forma incondicional. También pareciera ser la manera como la literatura de Vargas Llosa expresa su defensa de la libertad, lo que la academia sueca premió en su obra: “por su cartografía de las estructuras del poder y sus mordaces imágenes de la resistencia individual, la revuelta y la derrota”.

EN FUERA DE LUGAR

En Bolivia, el pasado fin de semana el Movimiento Sin Miedo (MSM) y el Movimiento al Socialismo (MAS), quisieron limar asperezas en un partido de fútbol. Los primeros, en cabeza del hoy alcalde de La Paz, Luis Rivilla, rompieron con el presidente Evo Morales y la coalición de gobierno, entrado el 2010, por cuenta de la campaña de estos últimos para eliminar con demandas judiciales a gobernadores y alcaldes opositores.

Muy a pesar de las buenas intenciones, el esperado encuentro no trajo la concordia. Pasados cinco minutos del primer tiempo el presidente de la República de Bolivia se salió de casillas ante la infracción de un rival y, a la primera desatención del árbitro, tomó la justicia por mano propia encajando un fuerte rodillazo en la entrepierna de su agresor. De esta manera las diferencias no solamente no se limaron, sino que todos quedaron con el sin sabor de ver a la máxima autoridad de los bolivianos recurriendo a prácticas antideportivas, con el agravante de ver que éstas quedaron en la total impunidad.

Se dirá que así es el futbol y que poco o nada importan los títulos y las dignidades de los jugadores a la hora de hacer respetar su divisa. Nada más cierto. Por esta razón su actitud en la cancha no es realmente censurable y quien haya jugado fútbol puede dar razón de esto. En este caso más valía defender la camiseta del MAS que procurar un acercamiento con sus ex aliados. Sin embargo, aunque desde su masificación el fútbol y la política han sido amigos inseparables, el problema de “El Evo” es no haber entendido –entre muchas otras cosas- que en el ejercicio del poder político el deporte es simplemente un medio, nunca un fin.

Lo que es impresentable es que el Presidente se sitúe fuera de lugar.

Los príncipes de todos los pelambres deben su autoridad no solamente a la titularidad de la misma. Para detentar el poder y ejercerlo con eficiencia es también necesario provocar en los gobernados la imagen de lo que éstos desean hallar en él. Bien recomendaba Maquiavelo que, “por encima de todo, el príncipe debe ingeniarse por parecer grande e ilustre en cada uno de sus actos”, cosa que refrendaría cuatro siglos más tarde Groucho Marx al asegurar que “el secreto de la vida es la honestidad y el juego limpio... si puedes simular eso, lo has conseguido”.

En busca de lo anterior los regímenes políticos se han apoyado en el fútbol para explotar simbólicamente el simulacro de una vida en común, en el que es posible condensar, en vivo y en directo, el cuerpo de la nación. Se recurre políticamente al fútbol, pero desde la galería, desde donde se pueden exaltar los valores deportivos sin derramar una gota sudor. Esta es una de las facetas del ejercicio del poder: la de exhibir.

La otra es la faceta que debe mantenerse oculta, la de la acción puramente instrumental. En ésta insultar al adversario, escupirlo, tocarle los testículos, halarle la camiseta o golpearlo en estado de indefensión, son, en el fútbol y en la política simples medios para alcanzar un fin determinado. Por esta razón a “El Evo” lo cogieron en fuera de lugar, por pretender sacar réditos políticos de un partido de fútbol sometiéndose a las reglas y conducta propias del mismo, revelando aquello que todos somos o podemos llegar ser, pero en lo cual nadie quiere verse reflejado.

INSTINTO DE SUPERVIVENCIA

La supervivencia, y el instinto que le subyace, son el motor de la acción en el reino animal. En los humanos, a pesar de su domesticación, este instinto pareciera prevalecer, ser irreductible. Pero solo pareciera si nos atenemos a las cifras de accidentalidad vial y a las noticias de borrachines causando estragos detrás del volante. A pesar de la vanidad humana y la cacareada superioridad del hombre sobre la bestia, la realidad se obstina en demostrar que en Colombia los conductores desarrollan este instinto en menor medida que un animal cualquiera.

No es un problema exclusivo de los colombianos, por supuesto. El irrespeto a las normas de tránsito y la incomprensión de los riesgos que esto supone es un problema global. En todos los países del mundo hay muertos por accidentes de tránsito y casi todos los casos son producto de la imprudencia o la estupidez de los conductores. Sin embargo, las cifras muestran que en nuestro país, siempre en competencia con Bolivia, Ecuador y Perú, las cosas son mucho peores. Las cifras del Fondo de Prevención Vial –viejísimas, por demás- son reveladoras: mientras que en el año 2005 en Alemania hubo 1 muerto en accidentes de tránsito por cada 10 mil vehículos y en Uruguay 1.1, en Colombia esa cifra de fue de 11.9, en Bolivia 16,7 y en Perú 41,5. Del mismo modo, el Instituto de Medicina Legal reportó que, en 2008, aproximadamente el 50% de los accidentes de tránsito en los cuales hubo muertos fueron provocados por conductores ebrios.

La desaprensión frente a reglas tan elementales como las de tránsito son sintomáticas de una dislocación mayor. Como bien señalara Mockus, la distancia entre la ley, la moral y la cultura, no permite reconocernos en marcos de acción comunes. No solo en la conducción, sino en cualquier actividad que obligue el reconocimiento de la alteridad, la agencia de los colombianos no se somete a principios orientadores que permitan el disfrute de la libertad en términos de equivalencia. El irrespeto por el peatón, por la vida de los demás conductores y por la de los conductores mismos, pone de presente que no se actúa pensado en términos de comunidad, ni mucho menos de sociedad, lo que deriva en un individualismo selectivo y depredador, en el cual la autodeterminación nos hace libres pero para afectar a los demás.

Los muertos en los accidentes y el lloriqueo de los infractores recuerdan a diario que la anomia generalizada y la imposibilidad de interiorizar los mecanismos de coordinación social propios del mundo moderno, entre ellos el imperio de la ley, hace de los colombianos individuos tremendamente vulnerables. En los animales el instinto de supervivencia está siempre presente. Frente a una circunstancia de riesgo hay solo dos alternativas: la vida o la muerte. Si se sobrevive, el aprendizaje es para toda la vida. En los colombianos, por el contrario, la libertad de llevar al límite sus impulsos no encuentra barrera ni en el aprendizaje individual, ni mucho menos en la protección que brinda la legalidad instituida. Esta es una de las tantas paradojas de nuestro difícil ingreso a la modernidad. Por un lado, neutralizamos los instintos que aún nos ligan con el resto del reino animal, pero a cambio de eso no apropiamos las prácticas y las mentalidades de la civilización que son, en últmas, las herramientas necesarias para sortear los avatares de vivir el mundo de la libertad sin mayores contratiempos.

MIEDOCRACIA (II)

Los procesos democráticos en Colombia, como lo señalé en la anterior entrada, se valoran comúnmente desde la Miedocracia. Por esta razón no es extraño que, en ejercicio pleno de su ciudadanía, los colombianos se identifiquen mayoritariamente con los discursos y las vías de acción autoritaria. El rechazo a la dominación, a partir de la reivindicación de la virtud ciudadana, definitorias de las instituciones republicanas y, por tanto, de las democracias modernas, no parecen desvelar a nadie. El desprecio por el Congreso y los partidos políticos lo evidencian. Una nueva mirada al Latinobarometro 2009 muestra que para el 57% de los encuestados los partidos políticos no son necesarios; para solo el 38% la democracia necesita de Congreso; y, a pesar de ello, el 73% considera que el mejor sistema de gobierno es el democrático.

El rechazo al parlamento y los partidos políticos no es infundado. Salvo contadas excepciones, la clase política colombiana es pestilente y procesos como el de la parapolítica así lo confirman. Sin embargo, pensar la democracia sin estas instituciones, en el marco de una sociedad apática a la participación en escenarios no electorales, deriva en bonapartismo puro y duro, o dicho en términos de la Ciencia Política, en una Democracia Delegativa, cuya principal característica -según O'Donnell- es que “el líder debe sanar a la nación mediante la unión de sus fragmentos dispersos en un todo armonioso. Dado que existe confusión en la organización política, y que las voces existentes sólo reproducen su fragmentación, la delegación incluye el derecho —y el deber— de administrar las desagradables medicinas que restaurarán la salud de la nación”. Es decir, una democracia de hombres fuertes que no sometan su autoridad a poderes adyacentes y que generen transformaciones que no atiendan sino a los intereses de la nación que, encarnada en el líder elegido, se convierten en los que éste entiende como prioritarios.

Por esto no es extraño que, como arrojó la encuesta de NTN24, la dictadura de Pinochet sea vista con buenos ojos. Frente al desmadre de nuestro país, se insiste a diario que bien vendría la figura de un dictador para poner la casa en orden. No obstante, tomar como un modelo de gobierno ejemplar la dictadura militar chilena se debe a un error inductivo, sacando conclusiones de carácter general a partir de un caso especifico, bajo el siguiente razonamiento: si la dictadura de Pinochet fue buena, necesariamente las dictaduras son buenas. Nada más falso. Chile logró un nivel importante de estabilidad y una mejora sustancial en el bienestar de sus habitantes durante el periodo de la dictadura, pero este es un caso de excepción.

Si se mide el bienestar de las sociedades en relación con la naturaleza del régimen político, la democracia le lleva una ventaja grande a los regímenes autoritarios. Una comparación del Informe de Desarrollo Humano 2007 – 2008, con el Democracy Index 2007 publicado por la revista The Economist, pone de presente que de los diez países con más bajos Índices de Desarrollo Humano, es decir, aquellos con menor esperanza de vida, menores niveles de alfabetización y una vida menos digna (medida por el PIB per cápita), ocho se encuentran ubicados dentro de los regímenes considerados como autoritarios en el Democracy Index, cuya medición se basa en: la transparencia de los procesos electorales y el pluralismo, la prevalencia de las libertades civiles y los derechos humanos, el buen funcionamiento del gobierno y su respeto por los valores democráticos, los niveles de participación y de movilización social, así como la legitimidad del sistema desde la valoración de su cultura política. Si las democracias son corruptas, excluyentes e inequitativas, de lo anterior se desprende que los regímenes autoritarios lo son aún más.

Sin embargo, a pesar de la evidencia, la tentación autoritaria sigue ahí, acechándonos, liberándonos del tortuoso ejercicio de la ciudadanía y poniendo a los colombianos a pensar en los torrentes de leche y miel que solo los grandes caudillos proveerán aún si esto supone la negación de la libertad, la imposibilidad de construir entre todos un orden social deseado y grandes probabilidades de que el remedio sea peor que enfermedad.

MIEDOCRACIA (I)

El ejercicio del poder político se apoya en imágenes de terror que dan vida a los antagonismos constituyentes de la realidad social, a aquellos opuestos irreconciliables que nos permiten reconocer el orden deseado y a quienes suponen un obstáculo para su materialización. En democracia estas representaciones del mal se renuevan de cuando en cuando con la exacerbación de los miedos y los instintos de supervivencia más primarios para movilizar intereses electorales desde la instrumentación de la Miedocracia. Dan fe de ello los huevitos del presidente Uribe y el miedo a que el mal vecino o “la culebra moribunda” se los tragaran.

En nuestro país, sin embargo, la Miedocracia se despliega no solamente en la práctica electoral. También está presente en el miedo a la democracia y a su consolidación como orden social y político deseable. A juzgar por la manera restringida como se entiende el ejercicio democrático y el pánico que genera la posibilidad de alternativas al estado de cosas imperante, se podría afirmar que la democracia electoral, antes que sustentar un ethos y una concepción amplia de la misma, ha reforzado los prejuicios frente a la diferencia y ha servido como legitimador de mentalidades y prácticas no democráticas que comúnmente son asumidas como tales.

Nada nuevo. A esta demanda acudieron las distintas oposiciones políticas desde el frente nacional hasta nuestros días y fue, en parte, aquello que motivó la lógica participativa que sirvió de base a la Constitución Política de 1991. Sin embargo, pasados casi veinte años de la expedición de esta carta política y viviendo, como se repite todos los días, en una vibrante democracia que es, además, la más antigua y prolongada del continente, nada parece haber cambiado. Esta semana me topé con dos encuestas que, lamentablemente, parecen confirmarlo. La primera es el informe anual del Latinobarometro para el año 2009. La segunda, una encuesta del canal NTN24.

Con ocasión del golpe de Estado contra el presidente Zelaya, el Latinobarometro preguntó ¿cuán democrático es Honduras? calificándolo en una escala de 1 a 10. En Colombia la encuesta arrojó en promedio 7.1, es decir que, luego de una toma militar del poder político la mayoría de los colombianos encuestados cree que Honduras estaría a tan solo tres puntos de convertirse en la democracia perfecta. No sobra decir que fue la calificación más alta en todo el continente. Por su parte, el canal de noticias NTN24 preguntó a los cibernautas si ¿cree usted que la dictadura de Augusto Pinochet ayudo al progreso que hoy en día disfrutan los chilenos? La respuesta mayoritaria fue un sí, con el 70%.

Estos resultados bien reflejan lo que muchos colombianos entienden por democracia y la opacidad de los lentes con los que estos validan los procesos llamados democráticos. Explican, por ejemplo, por qué la mayoría de los votantes en los últimos ocho años se embelesaron con propuestas poco democráticas o autoritarias como las de Uribe y Mockus, y como la democracia electoral sirvió como legitimador de plataformas políticas que negaban de tajo principios democráticos como la pluralidad, la diferencia y la alteridad. Los colombianos se jactan de su democracia, pero ni la entienden, ni la practican. Se vanaglorian de unas definiciones legales que proyectan instituciones políticas dentro de los más elevados preceptos republicanos, pero ante una divergencia mínima no dudarían en recurrir a la arbitrariedad y el abuso de poder. El miedo parece estar presente en todos las instancias de la vida social y política, y la única respuesta posible pareciera ser el uso de democracia, para no vivir la democracia.

Ante esto solamente queda esperar que ojalá, algún día, la sociedad colombiana se embarque en la construcción de un proyecto colectivo en el que la democracia y sus dispositivos se conviertan en el mecanismo de coordinación prevalente y sea posible vivir la democracia. Quizá entonces se le pierda el miedo y sea posible considerarla como una herramienta posible para la transformación social y, por que no, la conjura contra el atavismo, antes que un mal necesario.

EL GOBIERNO DEL "BUEN GOBIERNO”

En su Manifiesto de campaña y en los discursos de Juan Manuel Santos se deja claro que su mandato será el del Buen Gobierno –BG-. Este cambio no le viene mal a una administración y ni a unos funcionarios que en los últimos ocho años se acoplaron tan cómodamente a la arbitrariedad y el personalismo tan propios del uribato. La sola mención al BG es ya un respiro de aire fresco frente a lo hecho por su antecesor, aunque claro, no hay que perder de vista que estos conceptos se vacían con rapidez y pierden entidad una vez los gobiernos se enfrentan a la inercia propia de lo público estatal.

En este caso, la idea del BG es importante porque unifica el discurso del nuevo presidente y, por tanto, da sentido a su programa. En primer lugar, define los límites de la relación Estado-sociedad y, en segundo lugar, identifica el ethos requerido por los funcionarios y los hacedores de políticas para la puesta en marcha de un nuevo orden deseable. Dan cuenta de ello las 17 menciones que se hace al BG en su Manifiesto que se engloban en tres aspectos de la acción pública, como son, las ideas, las prácticas y las mentalidades. Desde las ideas se entiende como una filosofía y un enfoque social; desde las prácticas, es asumido como una forma de modernizar el Estado partiendo de la eficiencia, la eficacia y la transparencia en el manejo de los recursos públicos; y desde las mentalidades, propone una transformación cultural que promueva el trabajo en equipo, la innovación, el conocimiento y la sostenibilidad.

Una primera consideración que se desprende de esta nueva lógica, es la expresión de una ruptura con las propuestas de reforma del Estado adelantadas por los gobiernos que lo antecedieron desde 1990, ya que transita de las reformas de “primera generación” a las reformas de “segunda generación”. Esto significa, palabras más palabras menos, que lo importante es propender por la cualificación funcional del Estado a partir de la transformación de las prácticas y las mentalidades de sus actores, superando de una vez por todas la etapa de rediseño institucional y redefinición de las fronteras de la acción estatal donde, a partir de la descentralización, la racionalización y la desregulación, se sustituyó el Estado por el mercado y se estableció un nuevo esquema de división social del trabajo y de la actividad económica. Es ir, como diría Oszlak, de “menor a mejor”.

Una segunda consideración sobre la propuesta de BG es que ésta se ajusta, unas veces más otras menos, a los estándares internacionales contemplados como criterios para evaluar al Buen Gobierno o la buena Gobernanza. De acuerdo con el PNUD se requiere que la acción gubernamental tenga como principios orientadores: la participación, la legalidad, transparencia, la responsabilidad, el consenso, la equidad, la eficacia y eficiencia, y la sensibilidad, todos ellos presentes en el documento mencionado.

Sin embargo, aunque en conjunto los elementos señalados son importantes para alcanzar la meta del BG, hay uno más importante que los otros: el de la participación. De acuerdo con Rosa Nonell, bajo “el término buen gobierno se incluyen aquellos principios, actitudes, conductas y actuaciones de los distintos gobiernos y organizaciones públicas que permiten implicar más a los ciudadanos en el devenir de la sociedad”, es decir, que el BG no lo es tal si no logra la intervención activa de la sociedad civil organizada.

Esto significa que, aunque la instrumentalización de criterios gerenciales a la administración pública es necesaria, ésta no agota la idea del BG. En este aspecto el programa del presidente Santos se ha quedado corto. La participación se menciona, por supuesto, pero solamente una vez en el punto 95 del programa, en lo atinente a la institucionalidad local y regional y su vinculación con lo ambiental, pero no, como era de esperarse, como un principio transversal y orientador de las trasformaciones propuestas.

Esta reforma se diferencia de los programas de sus antecesores, no hay duda. Estos, así no hayan actuado en consecuencia, por lo menos consideraron como elemento axial de la acción pública la participación ciudadana. Se confirma así que la deliberación y la promoción de prácticas democráticas en la definición de los problemas públicos y las necesidades socialmente relevantes no hacen parte de los marcos cognitivos de los tecnócratas locales. Ni siquiera en la implementación de un enfoque tan plural como el del Buen Gobierno la participación y la deliberación pública se asumen como prioritarias.

Por suerte esto apenas comienza. Queda esperar, entonces, que el presidente y sus funcionarios rectifiquen el rumbo y promuevan el Buen Gobierno en sentido amplio. De lo contrario esta será una propuesta más, un  simple eslogan de campaña carente de toda sustancia.

MEDIACRACIA, MIEDOCRACIA Y ANTIPOLÍTICA

Las presidenciales del pasado domingo parecen haber resignficado las instancias en las que tradicionalmente se han circunscrito, hasta hoy, los procesos electorales en nuestro país. Aunque el miedo, la mediocridad y el clientelismo, como casi siempre, fueron definitorios de los comicios, el auge de la ciberdemocracia hizo de éste un proceso inédito. Y no es para menos. Por primera vez, las batallas políticas han empezado a librarse de manera decisiva en arenas distintas a las tradicionales. De los directorios municipales y las plazas públicas, pasamos a los comerciales de televisión y, de ahí, nos desplazamos hacia las redes sociales y los foros virtuales.

En este nuevo espacio de deliberación Antanas Mockus capitalizó los mayores réditos. Su antipolítica se acopló con total naturalidad a unas formas distintas de canalizar el debate público. Su desprecio por cualquier modo de organización política tradicional y por sus actores, tomó forma a partir de una comunión casi religiosa entre un gran número de cibernautas y su nuevo líder.

La relación entre los ciudadanos de a pie y el candidato, a través de una virtualidad por fuera del control de los grandes medios de comunicación y los censores de siempre, supuso el fin de la política tradicional en Colombia. La política de componendas, negociaciones, grandes aportantes y ciudadanos cautivos en redes clientelares, pareció estar herida de muerte. En menos de dos meses los números crecieron y las encuestas, a pocos días de las elecciones, lo dieron ganador. La Ola Verde parecía inatajable.

Este escenario, propio de la Sociedad de la Información, pareció dar la razón a su más importante difusor, Manuel Castells, quien supuso hace algunos años que las batallas políticas de hoy “se libran primordialmente en los medios de comunicación y por los medios de comunicación pero éstos no son los que ostentan el poder. El poder, como capacidad de imponer la conducta, radica en las redes de intercambio de información y manipulación de símbolos, que relacionan a los actores sociales, las instituciones y los movimientos culturales, a través de íconos, portavoces y amplificadores intelectuales”. De este modo, si al candidato de la decencia lo acompañaban los grandes medios de comunicación, la ciudadania inconforme y la intelectudad de vanguardia (que incluía nada menos que a Elster, Ostrom y Habermas), nada parecía detener su victoria.

Pero no, las cosas no se dieron según los pronósticos. La virtualidad que pareció materializarse ante nuestros ojos y sumergirnos de una vez por todas en el mundo de la democracia electrónica mostró sus limitaciones. Mockus creció, se multiplicó y despertó todo tipo de pasiones, pero no le alcanzó. ¿Qué pasó?

Antanas consideró que esa “ciudadanía nueva, que comienza a valorar la política, que quiere participar en ella (…) con ayuda de nuevas tecnologías donde la participación es desinteresada”, pudo hacer muy poco frente al chantaje clientelista de última hora. Para Gustavo Petro, quien curiosamente coincidió con Germán Vargas Lleras, Rafael Pardo y Noemí Sanín, los otros derrotados de la contienda, “hubo una conspiración de los grupos económicos y las encuestadoras, que crearon una falsa polarización”.

Para unos y otros la Mediacracia (consistente en la fabricación del consenso a partir de la simplificación de los contenidos, la personalización de los proyectos y la propagación de rumores a través de los grandes medios de comunicación), sumada a la Miedocracia (en la cual se acude a los instintos de supervivencia más primarios para movilizar intereses electorales) desplegada en este caso por el presidente y sus corifeos, acabaron por imponer al candidato ganador.

Sin embargo, pareciera que a Mockus le jugaron en su contra no solamente sus salidas en falso -capitalizadas por sus adversarios-, su falta de claridad en los mensajes de campaña o la maquinaria oficialista actuando a favor de Juan Manuel Santos. También le jugó en contra su envanecimiento y su soberbia frente a opciones no antagónicas.

Paradógicamente el discurso de la decencia y la probidad, que en Mockus representa su principal activo, también representa su debacle. Si cualquier acuerdo político que no signifique plegarse, aun llevado a cabo sin prebendas o prácticas ilegales, es violatorio de los principios incuestionables que solo Mockus detenta, no le queda otro camino que buscar establecer una relación entre la ciudadanía y el líder, quedando éste preso del poder de las nuevas tecnologías y las veleidades de los grandes medios de comunicación. Pero eso no es suficiente. Su escasa capacidad de movilización ciudadana, limitada a los dispositivos de mediación descritos, necesita también de estructuras políticas partidistas que promuevan su proyecto político en espacios en los cuales aun es necesaria la comunicación directa con la comunidad. Mockus, muy a pesar suyo, necesita hacer política. Política desde la decencia, por supuesto, pero al fin y al cabo, política.

Nadie duda que parte de la clase política y los políticos profesionales representen lo peor de la colombianidad. Tampoco nadie pondría en cuestión la necesidad de transformar una cultura política que no supera sus atávicas redes de clientela. Sin embargo, Mockus y sus seguidores deberían pensar su proyecto político más allá del antagonismo. Esa es una sola de las caras de Jano. La otra, como es sabido, es la integración.

De esta manera, la gran victoria de los Verdes el domingo pasado (si se piensa desde el largo plazo) es una oportunidad única para estructurar políticamente un movimiento que siente las bases para una resignificación de lo público, a partir de la interiorización de un Ethos fundado en la decencia y los valores cívicos, pero entendiendo, a su vez, que la honestidad no es propiedad exclusiva de los Visionarios y que, más allá del conflicto, es posible llegar a niveles admirables de consenso sin que eso signifique flaquear o doblegarse ante la ilegalidad.

VOYERISMO CÍVICO

Nadie duda que muchos de los cambios culturales y económicos de los últimos treinta años se deben al desarrollo de las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías. Dispositivos que en 1970 eran producto de la más delirante ciencia ficción, hoy son definitorios de nuestras formas de vida.

De la misma manera, ninguno de nosotros hubiera imaginado jamás que, por ejemplo, un aparato tan común como un teléfono celular nos abriera la posibilidad de conocer un mundo cotidiano desconocido que, de otro modo, permanecería en la penumbra. La fascinación por la imagen y por la intromisión en las vidas de los otros, tan propia de los seres humanos, ha permitido conocer de primera mano algunas de las noticias más impactantes de nuestros días, al brindarnos desde cualquier celular la posibilidad de conjugar sonido, imagen y movimiento en tiempo real. Este fenómeno es quizá el que nos acerca de manera más concreta a la tan mentada sociedad de la información.

Sin embargo, esto mismo podría llevarnos a pensar que nadie se encuentra a salvo de la mirada indiscreta de los otros y, que lamentablemente, los voyeristas de siempre deben estar de plácemes. Antes debían conformarse con un recuerdo vago del observado, mientras que hoy lo llevan en su celular. Este observar y sentirnos observados no se restringe únicamente a los ciudadanos del común, ya que nuestras ciudades se encuentran invadidas con cámaras que graban incesantemente nuestros pasos. Lo anterior, que parece una trivialidad, no es un hecho menor cuando hace menos de cuarenta años este arsenal tecnológico era un privilegio reservado a personajes tan reales como James Bond o parte de alguna pesadilla totalitaria como la descrita por George Orwell en su novela 1984.

El acceso a la anodina cotidianidad de cada uno de nosotros, que nos permitía sentirnos en el completo anonimato a pesar de vivir rodeados de millones de personas, la encontramos en lo que Deleuze llamara el paso de la Sociedad Disciplinaria a la Sociedad del Control. Este tránsito, que no sería otra cosa que una ampliación del disciplinamiento ciudadano más allá de las clásicas instituciones de control (la familia, la escuela, la fabrica) a través de formas no represivas del mismo, tendría como dispositivos centrales la vigilancia de las cámaras y el seguimiento electrónico.

Este nuevo poder omnisciente de los Estados desarrollados y de las grandes corporaciones frente a los indefensos ciudadanos, me trae a la mente la película La Red, una de las primeras de Sandra Bullock, que a mediados de los noventa nos puso los pelos de punta al mostrarnos los poderosos alcances de una nueva tecnología a la que en pocos años todos tendríamos acceso: la Internet.

Nadie duda que esta paranoia del control, tan común en los estertores del siglo XX, anticipó parte de los desarrollos actuales de nuestras sociedades. Reconocer con precisión los repercusiones de las nuevas tecnologías sobre el modelamiento de nuestras propias costumbres y la manera como los nuevos sujetos se relacionan con los poderes instituidos no es poca cosa. Sin embargo, estos profetas del desastre nunca imaginaron el potencial liberador de estas mismas tecnologías. Camarógrafos aficionados, mirones de oficio, internautas casuales, hackers, entre otros, han permitido a través de estas mismas “herramientas de control” potenciar el ejercicio de una ciudadanía activa que hace valer sus derechos frente a cualquier abuso. El efecto youtube emerge y nada parece contenerlo.

De esta manera la idea del panoptismo al aire libre característico de la Sociedad de Control se expande y logra su cometido. Los Estados vigilan y controlan a la distancia. Pero al mismo tiempo, los ciudadanos de hoy han encontrado los modos adecuados para defender su propia libertad.

¿DESVIADOS EN NUESTRO SER?

Para vastos sectores de la humanidad temas como la sostenibilidad o la protección del medio ambiente son hoy parte de su vida diaria. Lo anterior ha sido el producto de más de cuarenta años de un continuo activismo en la materia que, desde la “Primavera Silenciosa” de Rachel Carson (estudio seminal del movimiento ecologista moderno) hasta nuestros días, logró reorientar las acciones públicas de los Estados hacia regulaciones cada vez más estrictas para la explotación de los recursos naturales y la contaminación industrial, además de transformar la relación de millones de seres humanos con el medio ambiente y su cuidado.

Inscrito en esta misma lógica, durante la Primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y la Madre Tierra, el presidente Evo Morales encendió las alarmas sobre los impactos devastadores que padecerán las nuevas generaciones en los próximos cincuenta años, de no poner freno a las dislocaciones entre el desarrollo económico capitalista y sus formas de vida asociadas. El dirigente del MAS (Movimiento al Socialismo) dejó en claro que, de no corregir el rumbo, los pueblos de América nos veríamos enfrentados a dos encrucijadas fundamentales, provocadas por formas de alimentación cada vez más nocivas impuestas bajo la égida del fantasma neoliberal.

De no ser por la importancia del evento, cualquier desprevenido pensaría que el orador de turno es un lego en la materia o, en el peor de los casos, un candidato a la presidencia de Colombia. Pero no. Es el primer mandatario de Bolivia y por la manera como expone la crisis planetaria, los resultados más pavorosos serían:

1. Una gran crisis económica producto de la progresiva desaparición de las peluquerías. La alopecia generalizada en los varones de nuestros países (o quizá no tan varones, como bien lo expresa el señor presidente), provocada por la estrategia imperialista de introducir semillas transgénicas y carnes de animales alimentados con hormonas femeninas, elevará a niveles inmanejables la tasa de desempleo, siendo ésta la puntada final a la colcha de retazos impuesta por el Consenso de Washington y el FMI, en favor del capital transnacional y la pauperización de nuestros pueblos.

2. Una segunda gran crisis, mucho más penosa que la anterior, se vincula a los trastornos identitarios provocados a los pueblos de nuestra América por las desviaciones que sufrirán los hombres “en su ser como hombres” por cuenta del consumo de esas mismas hormonas femeninas que, además de propagar la alopecia, esparcirán de forma criminalmente capitalista modos de vida ajenos a nuestros pueblos oroginarios.

La burla a este discurso “del Evo” es inevitable, ¿pero de todo lo dicho por el presidente boliviano nada se vincula con el mundo real?, ¿son simples divagaciones de un borracho?. Quizá no. Para nadie son un secreto los intensos debates llevados a cabo por las comunidades científicas en los últimos 30 años alrededor de los transgénicos y las hormonas de crecimiento introducidas en los grandes procesos agroindustriales.

No obstante, como ocurre en casi todas las esferas de la vida social, las formas definen el fondo y las arengas propias del marxismo más primario, sumadas a los prejuicios de un presidente preso de su atavismo, no parecen ser el vehículo más contundente para fortalecer una crítica consistente del estado de cosas imperante. Lo anterior nos muestra, simplemente, que “El Evo”, los presidentes miembros del ALBA y la vieja y nueva progresía continental, después de tantos años de batalla, no han entendido que los discursos hegemónicos y las prácticas dominantes se combaten en la misma arena del adversario, desde su misma lógica, es decir, desnudando las antinomias de unos modelos sociales y productivos que jamás encontrarán el justo medio entre la acumulación y la sostenibilidad, pero dicho en terminos semejantes a quienes desde las metrópolis no reconocen los problemas como tales, como bien lo hicieran hace más de cuarenta años Rachel Carson y sus predecesores.

Si de lo que se trata es de retomar el camino de la sostenibilidad y generar formas alternativas para relacionarnos con la biosfera, nuestras vanguardias deberían entender, de una vez por todas, que no es con arengas y sacos de alpaca, al mejor estilo de “El Evo”, como nos reencontraremos con la Pacha Mama.

RECORDANDO A MARX, EL COMEDIANTE

El pasado 19 de agosto se cumplieron 32 años de la muerte de Groucho Marx. Olvidado por muchos, éste comediante americano-judío-alemán, además de legar a la historia del cine más de 20 largometrajes, será recordado por algunas de las frases más ingeniosas del mundo del celuloide. Al igual que genios del humor como los Monty Python o Woody Allen (quienes de seguro le estarán en deuda) los hermanos Marx, especialmente Groucho, diseccionaron la sociedad de su tiempo de la manera más graciosa posible, desnudando sus miserias con el despliegue de gags memorables y sátiras del mundo político.

Dos de sus frases siempre me vienen a la mente cuando, como hoy, las elecciones se acercan. Junto a estas retorna la imagen del Bestiario que en nuestro país define la suerte de los muchos y la manera artificiosa como, la mayoría de las veces, acaba por decir lo que no piensa y haciendo lo que desde siempre afirmo repudiar.

La primera de sus frases nos acerca a lo evidente. Para Groucho “la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”. Nada más cercano a nuestra cotidianidad. Basta con abrir un periódico cualquiera y confrontar las acciones de algún gobernante, los discursos que las justifican y el soporte programático en el cual se apoyan para evidenciar la dislocación entre las necesidades socialmente relevantes, la manera como dicen serán solventadas y las acciones orientadas al logro de dicho propósito.

Samuel Moreno es un reconocido artista en la materia. Encontró que la movilidad era el problema más sentido de los bogotanos; diagnosticó que la solución era el metro; y finalmente, decidió que en la vía más congestionada de la ciudad, como lo es carrera séptima, el mejor remedio era la construcción del Transmilenio.

La segunda de sus frases remite a la entidad de los políticos y la forma “dinámica” como entienden su quehacer. En un corto dialogo Groucho asegura a su interlocutor que “el secreto de la vida es la honestidad y el juego limpio, si puedes simular eso, lo has conseguido”. Nada nuevo. Bien nos recuerda Balandier que “el príncipe debe comportarse como un actor político si quiere conquistar y conservar su poder. Su imagen, las apariencias que provoca, pueden entonces corresponder a lo que los súbditos desean hallar en él”. Esto aplica para todas las épocas y todos los príncipes. Sin embargo hoy, cuando el poder de la representación política se apoya cada vez más en la representación mediática del poder, el simulacro se extiende y reproduce especímenes camaleónicos que a pasar de sus inconsistencias, impudicias y desatinos, se reconstruyen una y otra vez.

Las frases de Groucho han sido formas de dimensionar en sus justas proporciones a quienes detentaron el poder y permiten desenmascarar el batiburrillo de infundios y elefantes blancos que los líderes se proponen vender como la solución final. Por más que los políticos (y no hablo únicamente de los nuestros) se empeñen en tomarse demasiado en serio o simular algo semejante, el cinismo que acompaña la mayoría de sus discursos y sus actos no permite tomarlos de la misma manera.

Podría decirse que Groucho Marx, Jaime Garzón o cualquiera de los insolentes que se burlaron de la autoridad, sus artificios retóricos y sus rituales simulados, tendrán siempre un lugar de honor en el pedestal de la democracia. Esto porque aun cuando la decencia y la política no son términos complementarios, ni la veracidad un atributo distintivo del quehacer político, no está de más recordarnos a nosotros mismos, en condición de ciudadanos, que la mentira no tiene porque ser una herramienta legitimada para el ejercicio de la acción pública, ni las ideas que sustentan esas acciones simples slogans de campaña que, una vez terminada, pueden ser substituidos a condición de renovar la permanencia en el poder.

Bogotá, 25 de agosto de 2009

ASESINOS POR NATURALEZA

Hace poco más de un año el Secretario de Estado para las Fuerzas Armadas del Reino Unido advirtió que en Colombia "muchos civiles son víctimas de la violencia no por sus creencias, trabajo o afiliación sindical, sino porque la sociedad colombiana es violenta por naturaleza [es] una sociedad dañada". Esta visión, sin duda, reproduce la imagen de una Europa imperial mirando desde el norte nuestro sur Calibanesco.

Sin embargo, a pesar de su desatino, al burócrata metropolitano le atiende algo de razón. De pronto la sociedad colombiana no es violenta por naturaleza, pero si naturalizo la violencia como su rasgo más visible. A pesar de los esfuerzos del Estado colombiano por restablecer el monopolio de la coerción y desestimular la violencia como instrumento legítimo para el logro de cualquier fin social, los hechos muestran a un país que no renuncia a la arbitrariedad, ni al irrespeto por la vida humana.

Mediciones como el Índice Global de Paz (http://www.visionofhumanity.org/), que ubica a Colombia como el país menos pacifico de la región, o las cifras de homicidios de Medicina Legal de 2008 (http://www.medicinalegal.gov.co/drip/for2008.html), son muestra de una violencia entronizada como una práctica social cotidiana que no cede.

Una mirada atenta a las cifras oficiales de homicidios hace que lo dicho por el funcionario del Reino Unido cobre sentido. Según los datos presentados, en 2008 se produjeron en Colombia 15.250 asesinatos. Aunque bastantes, un número de homicidios tan elevado no es excepcional en un país con conflicto armado interno, pensaran algunos. Sin embargo, las cifras ponen de presente que menos de un 10% de estos fueron producto de violencia sociopolítica. Mientras que las acciones militares, los enfrentamientos armados, las acciones guerrilleras, paramilitares, el terrorismo y el asesinato político produjeron 1.320 muertos, los hechos de violencia común, en la cual se enmarcan las venganzas, las riñas y los delitos sexuales, provocaron 1.896 homicidios. Estas cifras evidencian un hecho que, por lo general, se pasa por alto. Esto es, que los muertos en el país no son en su mayoría consecuencia de acciones terroristas o actos de guerra.

Si menos del 10% de los asesinatos son producto de la guerra, significa que más del 90% se produjeron en los barrios, en las esquinas, en los festejos familiares. Esa violencia cotidiana hace que, por ejemplo, las viviendas se conviertan en lugares de altísimo riesgo si tenemos presente que en el periodo analizado se produjeron en su interior 1.597 asesinatos, 277 muertes más que las que se dieron en los campos de batalla.

La magnitud de estas cifras y los hechos que las originan deberían motivar una reflexión de fondo sobre el porvenir de la nación y la resignificación de la vida humana y su respeto como valor supremo en una sociedad democrática. Sin embargo, pareciera que hablar de asesinatos es llover sobre mojado ya que la respuesta generalizada a nuestra tragedia es la banalización de la violencia y la negación de un mundo del común atravesado por la barbarie.

De lo anterior es sintomático que el informe de Medicina Legal fuera registrado en las ediciones en línea de El Tiempo y El Espectador únicamente en la sección judicial y como una nota rutinaria de no más de diez líneas. De la misma manera, la parquedad de los lectores frente a éste desmadre contrasta con su participación activa en noticias de menor importancia. En El Espectador, por ejemplo, hubo diez y ocho comentarios al informe mencionado, mientras que el poll bimensual de Invamer – Gallup del 10 de Julio reportó casi dos mil opiniones.

A pesar de la imagen que se reproduce desde el discurso oficial, su despliegue en los grandes medios de comunicación y la apropiación de éste por gran parte de los colombianos, la victoria del Estado frente a los irregulares (sean guerrillas, paramilitares o "Bandas Criminales") no traerá la pacificación definitiva de este país, ni redundará en la fotografía idílica de un pueblo tomado de las manos gritando a viva voz que los buenos somos más.

Nadie duda de la necesidad de derrotar a las guerrillas y erradicar los fenómenos ilegales asociados a estas. Sin embargo, sería más importante y, quizá más imperioso, que los discursos oficiales y las acciones públicas que los acompañan se orientaran al ataque y la erradicación de la pandemia de la violencia común. Atacar este tipo de violencia y estimular una cultura de conflictos más allá de la aniquilación física del contrario es lo que permitirá que los colombianos puedan hacer suyas las lógicas definitorias de la democracia liberal y domestiquen esa violencia naturalizada que no permite pensar una sociedad distinta. De no ser así de nada valdran los esfuerzos por vencer a los irregulares de hoy, ya que a su derrota surgirán unos nuevos, con renovadas justificaciones para recurrir a la violencia, y el resto de los colombianos continuará padeciendo el asesinato y el aniquilamiento físico como mediador social legitimado.

Bogotá, 10 de Agosto de 2009

LLEGAMOS A MIL

Superadas las mil visitas agradezco a todos los que ingresaron al Blog y se tomaron el tiempo de leer y comentar los artículos.

LOS OLVIDADIZOS

El paramilitarismo se propagó en el país replicando el modelo desplegado en Puerto Boyacá (Boyacá); recorrido en el cual Ramón Isaza y “Ernesto Báez” entrecruzaron sus vidas. Primero en los escuadrones de la muerte promovidos en la región del Magdalena Medio, hoy en día en las audiencias de la ley de Justicia y Paz imputados por crímenes de lesa humanidad.

Isaza y “Báez” son testigos de excepción del nacimiento y expansión del narco-paramilitarismo, de ahí que sus testimonios sean importantes para esclarecer los crímenes derivados de su modelo de control social, pero aún más importante, son claves para explicar cómo desde las elites locales y regionales se estableció la simbiosis entre narcotráfico, paramilitarismo y política. Sin embargo, tras acogerse a la ley 975 se hallan frente a la justicia y coinciden nuevamente; sólo que -esta vez- en la negación y el ocultamiento de los crímenes que auspiciaron y perpetraron durante más de veinte años.

Desde su primera audiencia, en la que dijo sufrir de Alzheimer, Ramón Isaza ha confesado poco y su memoria se recupera lentamente con datos insuficientes o sin importancia. Lo de “Báez” no ha sido muy distinto. A casi cuatro años de su desmovilización, según informe de El Espectador, “suele explayarse en largas disquisiciones políticas, pero cuando se le pregunta por crímenes específicos perpetrados por las autodefensas, elude cualquier responsabilidad personal y circunscribe su testimonio a versiones de oídas”.

La desmemoria de los históricos del paramilitarismo pareciera reafirmar que, a pesar de la desfiguración promovida por algunos sectores de la sociedad y la institucionalidad colombiana respecto de las reales motivaciones de estos criminales, su guerra contra las guerrillas fue un simple accidente en su carrera por usurpar violentamente grandes territorios y, quizá lo más importante, descomponer el ya debilitado tejido social con la imposición de prácticas ilegales propias del narcotráfico.

Pese a sus falencias, amplios sectores de opinión señalan que la desmovilización parcial de más de treinta mil combatientes es ya una victoria del Estado frente a la violencia y un motivo suficiente para sentir la satisfacción del deber cumplido. No obstante la importancia de dicho proceso, el silencio de la comandancia respecto de las masacres y genocidios que se obstinan en negar, así como frente a las alianzas entre la institucionalidad y el entramado de ilegalidad impuesto por la triunfante revolución “traqueta”, promueven la impunidad y la negación de una historia de terror que tiene que ser contada: no sólo para reparar a todas las víctimas sino para poder reconfigurar la nación y sus imaginarios desde narrativas que permitan reconocer las motivaciones y los actores involucrados, buscando así transformar dichas prácticas y mentalidades para la búsqueda de un conflicto posible mas allá de la violencia.

Con la negación de sus crímenes, Ramón Isaza y Ernesto Báez, confirman que sus propios muertos y los de las miles de familias víctimas de masacres y genocidios nunca estuvieron vinculados en sentido estricto a acciones de guerra que justificaran tales sacrificios. Sus actos nos recuerdan que, como sentenciara Nietzsche, con bastante frecuencia el criminal no está a la altura de su acto puesto que lo empequeñece y calumnia.

El silencio cobarde de éstos y los demás paramilitares que no fueron extraditados es sintomático de una realidad lamentable. Son expresión de un mundo social azotado y tomado a la fuerza por gatilleros sin sentido de honor o dignidad que, apoyados en el silencio cómplice y la venalidad de una élite inescrupulosa, llevaron a la sociedad colombiana a transitar por el camino de la antitética de la ilegalidad en la que hay que agradecerles por tan noble cruzada.

Alejandro Pérez, Abril 20 de 2009

DE VUELTA A LA TOLERANCIA

En el mundo liberal la Tolerancia es el valor fundamental para consolidar la democracia y el elemento necesario para formalizar relaciones sociales en las que impere la alteridad. La Tolerancia fue originariamente un dispositivo de incorporación social de “herejes”, “desviados” o “impuros”, en momentos en que la lógica política de los Estados nacionales se imponía al mundo sacramental. A pesar de su condición indeseable, el tolerado no sería llevado a la hoguera por sus convicciones religiosas. En un segundo momento la Tolerancia pasa de ser una concesión arbitraria a una norma jurídica con la consagración de los derechos individuales y el ejercicio de la ciudadanía. Finalmente, la Tolerancia es hoy un principio ético necesario para el despliegue de instituciones y prácticas culturales democráticas. Esta representa el consenso por el cual “se renuncia expresamente al uso de la violencia para la resolución” de los antagonismos y las discrepancias sociales, y por el cual se reconoce la diversidad y promueve el conflicto en marcos normativos propios de la vida democrática.

La evolución del concepto se da en los últimos 400 años de la historia de Occidente. Sin embargo, en la sociedad colombiana la institucionalización de la Tolerancia como regla de conducta deseable, y los avances normativos en la materia, no han impactado en la constitución de prácticas y mentalidades que supongan la aceptación de la diferencia o, por lo menos, el respeto por la integridad física del “intolerado”. Bien sea en el terreno de la política o en el respeto y afirmación de las identidades individuales, los ejemplos de intolerancia abundan.

De un lado, la interminable violencia política sufrida desde la segunda mitad del siglo pasado, que va del corte franela de la Violencia al canibalismo paramilitar de nuestros días, pone de presente una cultura política que no ha podido desechar la violencia y el aniquilamiento físico como instrumento válido de acción. Aunque ilegal y repudiado desde la forma, el fondo se hace presente cuando amplios sectores de la sociedad legitiman las acciones violentas de los grupos armados ilegales y consideran normal, e incluso necesario, cuando el Estado abusa del monopolio de la coerción eliminando físicamente a sus contradictores.

Desde otras esferas, los crímenes de odio contra la comunidad LGTB o las muertes provocadas en el ámbito del futbol por cuenta de las Barras Bravas, por ejemplo, hacen evidente una anomia definitoria de la colombianidad que nos lleva a pensar si esta sociedad fracaso en el intento de regir sus destinos por las ideas más elementales de la civilización y la Modernidad, o si por el contrario nisiquiera ha iniciado tal recorrido.

De los más enconados antagonismos a la más banal de las contradicciones, la imposibilidad de acudir a la Tolerancia en cualquiera de sus acepciones sugiere que, a pasar de los 400 años de atraso en la apropiación de dicha noción, se requiere avanzar en los procesos básicos que posibiliten llegar algún día al menos a soportar aquello que de antemano se rechaza por indeseable o impensable, y por tanto intolerable, sin recurrir a su eliminación física. Es decir, volver a los origenes mismos del concepto. Al lograr ese presupuesto esencial podríamos pensar, por qué no, en la edificación de una cultura de conflictos que, entendiendo lo inevitable de los mismos, haga posible enfrentarlos con la mayor vehemencia, pero al mismo tiempo con la racionalidad suficiente para entender que un proyecto de nación y unas nuevas narrativas que lo apoyen no pueden estar soportadas sino en el respeto por la vida humana y todo lo que de ello se deriva.

Alejandro Pérez
Abril 16 de 2009